El cara a cara vía videoconferencia que mantuvieron el jueves por la tarde el titular de la Conselleria de Hacienda, Vicent Soler, y la secretario de Estado de Hacienda y Administraciones Públicas, Antonio Beteta, evidenció el callejón sin salida en el que se encuentra el Ejecutivo de Ximo Puig aunque la razón esté de su lado y así se lo reconozca la otra parte. Beteta, mano derecha de Montoro en el ministerio, admitió delante de Soler y su equipo (con él estaban la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, y el responsable de Presupuestos, José Moreno) que la Comunitat Valenciana está maltratada financieramente, si bien mantuvo que nada puede hacer al respecto ya que el Gobierno se encuentra en funciones. Ahora bien, el secretario de Estado reiteró al conseller que debe ejecutar el acuerdo de no disponibilidad de gasto, una medida que en la práctica supondrá un tijeretazo en toda regla de las cuentas públicas.
Fuentes conocedoras de este peculiar contacto visual con los hombres de negro de Montoro (con Beteta estaba la secretaria general de coordinación autonómica, Rosa Navarro, y el subdirector de análisis presupuestario, Andrés de la Fuente ) indicaron que el conseller se mostró firme en la negativa del Ejecutivo a atender el ultimátum. El argumento que se expuso es de sobra conocido: no existe un problema de gastos, sino de ingresos y la clave del agujero es una financiación deficitaria que se arrastra prácticamente desde el inicio de la legislatura. Soler, que reivindicó también el saneamiento contable realizado en las cuentas, insistió en que esta circunstancia debe ser tenida en cuenta ya que justifica el por qué el Consell no ha podido cumplir el objetivo de déficit y por qué es inviable un tijeretazo.
Beteta, según las citadas fuentes, reconoció que la situación es complicada y que la infrafinanciación es un hecho cierto y reconocido, pero mantuvo que nada podía hacer al respecto ya que el Gobierno estaba en funciones. Eso sí, si tenía fuerza jurídica para reclamarle el ajuste que pide Bruselas. La posición de Beteta dejó ojipláticos a los presentes dado que el Gobierno del PP ha tenido más dos años para trabajar en el cambio del sistema. El ultimátum de Montoro sigue pues en vigor, si bien la exigencia se ha rebajado al ampliarse el margen de déficit para este año en cuatro puntos: del 0,4 al 0,7%. El ministerio dio una semana más al Ejecutivo para preparar el recorte.
En un inicio el Consell había calculado en alrededor de 1.000 millones el recorte requerido por Hacienda, por lo que con la revisión del objetivo de déficit quedaría en 600 millones. Los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), un organismo independiente creado por el ministerio para controlar el déficit, ha rebajado el tijeretazo a 212 millones. El Consell, con todo, insiste en que ya no hay ramas que podar y rechaza el acuerdo de no disponibilidad aunque es consciente de Hacienda abre y cierra el grifo del rescate.
Con este tira y afloja como telón de fondo, Soler y su equipo volverán seguramente el jueves a Madrid a la nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Será una reunión clave ya que en principio se someterá a votación el plan de ajuste del Consell ligado al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Si no aprueba, se abre otra vía para que el ministerio apriete al Ejecutivo de Puig en los recortes.
Por su parte, el diputado popular Rubén Moreno acusó al Consell de engaño porque cuando presentó el recurso de inconstitucionalidad afirmando que el Gobierno debe 1.329 millones a los valencianos no dijo que piden que esa cantidad provenga del Fondo de suficiencia. Eso implicaría, ha añadido, que «son el resto de las autonomías las que tienen que darle dinero» a la C Valenciana, por lo que ha instado a Soler a decir «con la misma vehemencia» a cada Comunidad lo que tendría que aportar, como 253 millones de euros en el caso de Cataluña, o 170 millones en el de Andalucía.
