La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, Maria José Salvador, desveló ayer la existencia de 1.100 expedientes de ayudas a la vivienda, ocultos en cajones en las direcciones territoriales de su departamento, que nunca fueron tramitados por la anterior administración, que se convocaron sin disponer de cobertura presupuestaria y que, de ser aprobados en su integridad, obligarían a la Generalitat a hacer frente al pago de unos 60 millones de euros.
Maria José Salvador denunció la «gestión oscura» de su antecesora Isabel Bonig y destacó la posible existencia de responsabilidades legales que deberá determinar un informe encargado a la Intervención de la Generalitat y la «evidente» responsabilidad política de quien «tocó fondo», cuando «estafó» a los ciudadanos convocando ayudas «con pleno conocimiento de que actuaba con fraude de ley». «Isabel Bonig se ha comportado como un troyano al pervertir el sistema de ayudas a la vivienda desde dentro», añadió.
La consellera, que compareció acompañada por la nueva directora general de la Vivienda, Rebeca Torró, confirmó la existencia de un informe de la Abogacía de la Generalitat que recomienda poner el nuevo «fraude» en manos de la Intervención autonómica para que marque «la hoja de ruta en defensa de los intereses de los valencianos».
Salvador citó la existencia de varias «irregularidades» que podrían tener recorrido legal. La primera y más notoria es la existencia de un informe de Intervención fechado en 2013 donde se explicita que convocar ayudas a la rehabilitación de viviendas, alquiler o compra de VPO sin contar con disponibilidad presupuestaria es ilegal. Isabel Bonig se vio obligada a aceptar entonces que la Generalitat era responsable del pago de las ayudas convocadas y lo hizo con una fórmula extraña como la de incluir una disposición adicional en la Ley de Puertos de 2014.
Bonig dijo entonces que no había más ayudas por reconocer, pese a la existencia de las denominadas resoluciones 501 „que admitían oficial y explícitamente el cumplimiento de las condiciones para recibir ayudas y tampoco informó sobre los expedientes iniciados. Ante la evidencia de que no había presupuesto para respaldar las ayudas convocadas, Isabel Bonig dictó en julio de 2013 una instrucción interna ordenado a los funcionarios que denegaran sistemáticamente todas las solicitudes. Los trabajadores no lo hicieron por no incurrir en presuntas irregularidades y los expedientes fueron a parar a los cajones,
Salvador recordó que la ley obliga a analizar y «resolver» esos expedientes uno a uno con argumentación motivada. «Hay 1.100 solicitudes y detrás de ellas personas que tienen nombre y apellidos», declaró. De resolverse favorablemente todas las solicitudes la Generalitat tendría que hacer frente a pagos por importe de 60 millones de euros.
El nuevo «agujero» detectado en la ayudas a la vivienda se suma al impago de parte de los 240 millones comprometidos finalmente por la anterior administración y a los 40 millones de la Resolución 501 no reconocidos por los gobiernos del Partido Popular.
Gestión basada en el «pufo»
La presidenta de la Plataforma de Afectados por los Impagos e la vivienda, Cristina Aguilar, aseguró que los nuevos expedientes ocultos confirman lo que ya sospechaban: «Que se habían adjudicado ayudas por encima de la línea de crédito que había disponible». Aguilar manifestó que seguirán «en lucha» hasta conseguir que se paguen las ayudas y considera que Bonig era «muy tonta o demasiado lista».
El portavoz de Vivienda del grupo socialista, Rafa Briet, calificó de «circular de la vergüenza» la instrucción interna que Isabel Bonig envió a los servicios de la Conselleria de Infraestructuras cuando ella era consellera para denegar sistemáticamente las ayudas. «Después de conocer el que es ya el mayor pufo de Bonig, cada vez es más evidente que ella no puede formar parte de la regeneración de ningún partido, puesto que era la primera que cometía presuntamente irregularidades desde el Consell».
El portavoz de Compromís en las Corts, Fran Ferri, afirmó al respecto que Isabel Bonig «no puede continuar liderando» el Partido Popular de la Comunitat Valenciana tras descubrirse un nuevo «fraude» en las ayudas a la vivienda realizado en su época al frente de la Conselleria de Vivienda.
«Habrá que delimitar qué responsabilidad legal conlleva», aunque se trata de una actuación «muy grave, que obliga a replantearse cómo Bonig puede seguir siendo» la portavoz del PP en Les Corts y la presidenta del PPCV.
