El Juzgado de Instrucción número dos de Sagunt ha citado a declarar como imputado por los presuntos delitos de cohecho, falsedad en documento público y blanqueo de dinero al denunciante del «Caso Avialsa», Francisco Alandí Escrich, según un auto dictado por el juez Héctor Santamaria, al que ha tenido acceso Levante-EMV.
La nueva imputación se produce en la investigación de una pieza separada abierta por el juez sobre el también conocido como «cártel del fuego» en el que se investiga por cohecho, prevaricación, negociación y actividad prohibida a funcionario público y falsedad en documento público. Se trata de las pesquisas iniciadas por el magistrado para determinar la responsabilidad del ex director de la delegación valenciana de la Agencia Española de Seguridad Aérea (Aesa), Salvador Alepuz, también imputado en esta misma causa.
Alepuz hizo negocios con la presunta trama de intereses económicos y políticos que orbitaba en torno a Vicente Huerta y al exconseller y exdelegado del Gobierno Serafín Castellano, investigados en esta trama de presunta corrupción, que empezó a destapar Levante-EMV el 4 de agosto de 2013. Salvador Alepuz, como jefe de Aviación Civil, habría dado un trato de favor en el marco de sus competencias para conceder los certificados de aeronavegabilidad de los aviones y de homologación de las empresas autorizadas para pasar las inspecciones legales. Se trata de las conocidas como CAMO (siglas en inglés de «Continuing Airworthiness Management Organisation»), que son como las ITV de la aviación civil. Alepuz concedió una de estas CAMO a Aviarq, una filial del holding Avialsa, propiedad del empresario de Sagunt Vicente Huerta.
Las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, el Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunt y de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía Nacional han determinado que el ex jefe de aviación Civil en Valencia compartía, «de forma encubierta» según el juez, varias empresas del Holding empresarial Avialsa. De hecho, la mercantil Aviarq SL, constituida el 24 de julio de 2007, por Vicente Huerta y Francisco Alandí, tenía su domicilio social en «una propiedad del investigado Salvador Alepuz». También a través de empresas vinculadas de forma encubierta a Salvador Alepuz como Aeronur y Aeronur+, el ingeniero de aviación civil trabajó para la empresa matriz de Vicente Huerta, Avialsa T35, para conseguir la pronta legalización del aeródromo de Viver, que es la base logística de la empresa contratista de los aviones antiincendios de la Generalitat.
En medio de todo este entramado y a la vista de «una serie de correos que obras en la causa», , el juez instructor Héctor Santamaría ha decidido imputar a Francisco Alandí porque «tenía un pleno conocimiento del entramado empresarial, como informar a Vicente Huerta de que habían conseguido el primer contrato para la CAMO a través de Aviarq, o cómo se iban desarrollando los trámites del aeródromo de Viver». Éste último se construyó en suelo no urbanizable de Viver, a través de una declaración de interés comunitario (DIC) -la fórmula urbanística que permite determinadas actividades en este tipo de suelos- que se tramitó en apenas unos meses, cuando lo habitual es que se tarde años. El juez también considera para investigar a Alandí que «trataba con el resto de investigados cómo se debían emitir facturas no sólo en relación a la mercantil Aviarq SL, sino también en Aeronur y Aeronur+», vinculadas a Alepuz.
