El conflicto en el que se han enzarzado esta semana las Corts Valencianes y la Comisión Permanente del Senado no tiene precedentes en la historia desde la recuperación del autogobierno valenciano. La pretensión de la Cámara alta de rebajar un senador a la Comunitat Valenciana de los seis de designación autonómica en aplicación del censo oficial a 2016 no tiene ningún antecedente al que mirar para intuir al menos como se resolvería la pugna.

Fuentes oficiales del Senado señalan que la Diputación Permanente siempre ha fijado el número de senadores autonómicos en función del censo, pero en todas las convocatorias ha ocurrido que la población no variaba sensiblemente o aumentaba, como ha ocurrido desde 2008, y que, en consecuencia, se mantenía o se ampliaba el número de designaciones. Pero nunca se había producido el caso contrario, la pérdida de población, como ha ocurrido ahora. Además esa caída de residentes se ha producido en la Comunitat Valenciana de una forma muy caprichosa ya que el censo oficial para 2016 se ha situado en 4.980.689 residentes mientras que el que regía hasta el momento y otorgaba seis senadores —uno por territorio más otro por cada millón de habitantes— ascendía a 5.004.844 personas.

Por ello, de los seis senadores elegidos por las Corts en julio de 2015, Alberto Fabra y Rita Barberá (PP), Joan Lerma (PSPV), Carles Mulet (Compromís), Luis Crisol (Ciudadanos) y Pilar Lima (Podemos), la Cámara Autonómica podría perder un representante, en este caso el que fue elegido en sexto lugar, Pilar Lima, de Podemos.

Un ataque al autogobierno

Pero, la intención de las Corts Valencianes, tanto desde la presidencia que ostenta Compromís como en el tripartito de izquierdas, mayoritario en la Cámara, es la de convertir la decisión del Senado, si finalmente se produce, en un auténtico casus belli y pasar al contraataque. En la Cámara entienden que la pretensión del Senado supone una intromisión en la autonomía de las Corts, que ya tiene designados a los seis senadores desde hace menos de un año, y que la decisión atentaría contra el autogobierno de los valencianos y más en un momento de precampaña electoral y en el que el Tribunal Constitucional acaba de cercenar cualquier posibilidad a las Corts Valencianes de legislar sobre derecho civil foral.

De momento las espadas quedan en alto. Las Corts y el Senado se han dado unos días para que sus servicios jurídicos presenten informes y la diputación permanente de la Cámara Alta se reunirá de nuevo antes del 10 de junio, día en que comienza la campaña electoral del 26J, para decidir.

Desde la propia secretaría general del Senado se admite que existe colisión con una norma autonómica como consecuencia de una laguna jurídica que dificulta la interpretación y por la indefinición de la Ley Electoral General respecto al órgano que tiene competencia para fijar el número de senadores autonómicos. Además, expertos valencianos consultados por este diario apuntaban días atrás que las Corts tienen razón en su tesis de mantener los seis senadores porque cuando fueron elegidos estaba en vigor el censo de más de cinco millones y recuerdan que el mandato de los seis senadores está vinculado a la legislatura autonómica, es decir hasta 2019, y no a los cambios en función de las elecciones a Cortes Generales.