La propuesta centrada en liberar tres tramos de la autopista del Mediterráneo „más conocida como la AP-7„ ante la alta siniestralidad registrada en las vías paralelas suma una nueva adhesión: la de la Generalitat. Según avanzó Levante-EMV en exclusiva en su edición de ayer, más de 80 municipios valencianos „84 concretamente„ han aprobado en los últimos años una moción para que el Gobierno «rescate» los tramos de la AP-7 que discurren entre Vinaròs y Sagunt, Sueca y el Campello y Alicante y Crevillent. El objetivo es evitar los elevados índices de accidentes de las vías alternativas sin pago.

De hecho, los recorridos paralelos de la N-340 sumaron entre 2011 y 2015 un total de 2.773 choques donde se lamentaron daños materiales y 1.454 sucesos con victimas, con 81 fallecidos. Fuentes de la conselleria de Territorio comentaron que «hemos exigido en diversas ocasiones una mejora de las inversiones en la seguridad vial en las carreteras de mayor siniestralidad, como las N-332 y N-334. Estos puntos conflictivos de la red viaria son competencia del Estado. El déficit inversor de Fomento ha provocado su deficiente mantenimiento y, por tanto, consideramos que el Estado tiene que posibilitar la liberalización en tramos puntuales».

A su vez, desde el departamento que dirige María José Salvador recordaron que «en una reunión mantenida con la ministra de Fomento solicitamos la elaboración de un plan de actuaciones para prevenir las necesidades que se ocasionarán cuando finalice la concesión en 2019».

«La utilización gratuita de la AP-7 es una reivindicación que cuenta con un amplio respaldo de la sociedad civil valenciana y que, en pocos años, implicará un descenso significativo de los costes de transporte de nuestras empresas y particulares. A su vez, permitirá aumentar la calidad de los servicios y la seguridad de los desplazamientos», prosiguieron las mismas fuentes.

«La seguridad vial, lo primero»

Un total de 84 municipios de la Comunitat Valenciana han aprobado mociones de apoyo a la iniciativa. Grandes poblaciones como Benidorm, Torrent o Castelló y pequeñas localidades como Barxeta o Bellreguard forman parte de la nutrida nómina de municipios que piden al gobierno que actúe ya y no espere a 2019.

Sus representantes institucionales lo tienen claro. Mercedes Berenguer, teniente de alcalde en l'Eliana, expuso ayer que «puedo entender que hay un componente económico que tratar, pero creo que la seguridad vial es lo primero. No pedimos que se liberalice toda la autopista, pero creo que hacerlo en los tres tramos es una medida cautelosa».

Vicente Zaragozá, alcalde de Silla, argumentó que «estamos hablando de una necesidad. Lo apoyamos una primera vez y si hubiera que hacerlo una segunda lo haríamos sin problemas». Su homólogo en Manises, Jesús Borrás, apuntó que «creo que nosotros aprobamos la moción en la anterior legislatura y el tema sigue igual. Es una cuestión de estructura. Y de solidaridad. A lo mejor hay municipios como el nuestro en los que no afecta tanto esta situación, pero creo que el conjunto de la población se merece contar con las mejores infraestructuras para su uso diario».