El Ejecutivo en funciones de Mariano Rajoy ha abierto un nuevo pulso judicial con el gobierno bipartito que preside Ximo Puig, esta vez a cuenta del decreto promovido por el Consell para centralizar las competencias atribuidas a las diputaciones en materia de turismo y deporte. La Abogacía del Estado ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana para tratar de invalidar la decisión que mantiene en pie de guerra a las corporaciones provinciales de Alicante y Castelló.
El Gobierno, además, estudia interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo en el marco de una estrecha alianza forjada con las dos diputaciones presididas por el PP, que también mantienen impugnado ante el TSJ el decreto porque les resta autonomía y reserva a la Generalitat un elevado nivel de control sobre sus decisiones. En el marco de los actos en honor a la patrona de Valencia, el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, abogó ayer por «proteger las competencias históricas» de las instituciones provinciales.
No es la primera resolución autonómica que se topa con el muro legal levantado por el Ejecutivo de Rajoy para contener las políticas del Consell, que ya ha tenido que defenderse en los tribunales contra el veto a la sanidad universal y la supresión del copago en la C. Valenciana. Otro recurso del Gobierno ha conducido al Tribunal Constitucional a anular recientemente la primera ley de derecho foral promovida por la Generalitat bajo el mandato del PP.
Una «estrategia de boicot»
Todos estos frentes de batalla conducen al Consell a enmarcar el anuncio de Margallo dentro de una «estrategia de boicot de Rajoy a la C. Valenciana», que incluye el bloqueo del barco de ayuda a los refugiados o la negativa reiterada del Gobierno a cambiar el modelo de financiación autonómica
El jefe de Gabinete del presidente Puig, Arcadi España, tachó ayer el último recurso de la Abogacía del Estado de «totalmente partidista» y denunció que el Gobierno en funciones «utilice la maquinaria de la administración estatal de forma desleal» para «entrar en campaña electoral».
El Consell Jurídic Consultiu avaló el encaje del polémico decreto dentro del Estatuto de Autonomía, que deja en manos del Consell las competencias sobre turismo y deportes. España recalca que la medida no busca «quitarle el dinero a las diputaciones», sino coordinar estas administraciones con la Generalitat para «gestionarlo de la forma más eficaz posible», evitando duplicidades. El portavoz del grupo socialista en las Corts, Manuel Mata, acusó a Rajoy de «defender el modelo de Diputaciones de los Reinos de Taifas opacos, que se han convertido en un nido de corrupción» frente a un nuevo modelo «más transparente». Mata aseguró que el PP «sólo ha querido y se ha acordado de las diputaciones para engordar los bolsillos de sus presidentes y los de muchos de sus compañeros de partido».
