Lo confirman fuentes sindicales del CSIF, de UGT, de CC OO, así como diversos subsecretarios de la Generalitat consultados: existe en la Administración valenciana un miedo a la firma por parte de muchos funcionarios después de haber visto a empleados públicos enfrentarse a problemas judiciales tras el caso Cooperación o el caso Nóos. Por cierto: entre los imputados en el caso Nóos, y según informó Efe, el exsecretario autonómico de Turismo y Proyectos Temáticos Luis Lobón tiene contratado un seguro por responsabilidad civil.
Lobón no es el único valenciano en esta situación y en el mismo proceso. Según las fuentes consultadas, sindicales y de la jerarquía del Consell, cada vez más trabajadores públicos apuran todos los recursos a su alcance (como solicitar informes de la Abogacía de la Generalitat) antes de estampar su firma ante cualquier documento.
El fenómeno no es del todo nuevo, ya que empezó en los estertores de la etapa del PP en el Consell. Sin embargo, junto con los nuevos mecanismos de cortafuegos o barreras anticorrupción implantadas por el nuevo gobierno autonómico, esto ha originado una ralentización en las decisiones que debe tomar la Administración.
