En una época en la que no sólo políticos, sino también funcionarios de alto rango, aparecen implicados en procedimientos judiciales por posibles irregularidades administrativas, existe un grupo de empleados públicos que está reforzando su protección con seguros privados de responsabilidad civil patrimonial. El colectivo de secretarios, interventores y tesoreros de la Administración Local en la Comunitat Valenciana „figuras clave en los ayuntamientos„ han aumentado en un año un 11 % el número de pólizas privadas contratadas con Musaat, la compañía más habitual a la que estos colegiados recurren para cubrirse las espaldas y hacer frente a sanciones económicas. Siempre ante multas derivadas de un error, omisión o acto negligente sin voluntad deliberada de infracción. Es decir, sin dolo.
Según datos facilitados a Levante-EMV por el Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital), ya hay 193 funcionarios de esta clase en los ayuntamientos valencianos con una póliza privada contratada con Musaat, aparte de los que mantienen una póliza con otras compañías menos implantadas.
Hay tres clases de pólizas. La básica implica pagar 143 euros al año para protegerse de sanciones de hasta 600.000 euros al año y supone una garantía de inhabilitación profesional de 24 meses, en los que el afectado cobraría pese a haber sido apartado del puesto de trabajo. La prima más protectora pasa por pagar 189 euros al año para cubrirse de multas de hasta 1,2 millones de euros y 24 meses de garantía ante una supuesta inhabilitación profesional. Asimismo, tener este seguro privado asegura la libre elección de abogado en asuntos penales hasta un límite de 12.000 euros.
Fuentes consultadas del colegio profesional desvinculan este significativo aumento en la contratación de pólizas del clima de preocupación frente a la corrupción, los desmanes y los casos en que acaban encausados funcionarios con poder de firma y responsabilidad última. Más bien lo atribuyen a una mayor campaña de difusión de estas pólizas específicas, que Musaat implantó en 2005 pero cuyos orígenes en otras aseguradoras se remontan al año 1992. También se alude a una mejora de la cobertura y de las cuotas en este 2016.
La advertencia de un secretario
Resulta interesante conocer la experiencia de alguien que ha trabajado en este campo. El abogado Santiago Gasset, que ejerce en Moixent y Almansa y con pasado como secretario, advierte del riesgo. Él explica que «el secretario tiene firma y la usa muchas veces. Informa y certifica, e informar y certificar tiene responsabilidad penal».
Santiago Gasset pone un ejemplo habitual. En las subvenciones es usual que se solicite a la conclusión de la actuación justificada un certificado del secretario que justifique el fin y la aplicación de los fondos al destino perseguido. «No es raro encontrarse con que a la obra le quedan los últimos retoques, o la obra entera, y 50.000 euros dependen, no del buen hacer del concejal de terminar las obras a tiempo, sino de la firma del secretario, diciendo que se ha terminado a tiempo algo que aún está a medias. La pena por falsificación de documento público es de 3 a 6 años, y existe un riesgo de entrar en prisión. Es una pena alta, para un comportamiento que puede parecer pequeño», dice. Y cada vez, visto lo visto, el riesgo ha sido mayor para los funcionarios con firma.
