«Ojalá no se vuelva a repetir una situación de crisis como la que se vivió el 3 de julio en el ámbito de la Generalitat», concluyó ayer su intervención ante las Corts Maria Ángeles Ureña, jefa de gabinete del fallecido conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, cuando se produjo el accidente del metro. La décimo tercera jornada de la comisión de investigación del accidente sirvió para escuchar las explicaciones de Ureña y de la jefa de prensa de Francisco Camps, Nuria Romeral, en el momento del accidente. Dos testigos privilegiadas de los momentos posteriores al siniestro, pero también de los años posteriores cuando se intentó aplicar sordina desde la Generalitat a las reivindicaciones de las familias de las víctimas, agrupadas en la Asociación de víctimas del metro 3 de julio (Avm3j).

Romeral defendió la política de comunicación que se hizo desde la Generalitat en los días posteriores al accidente, con «responsabilidad, honestidad y transparencia, lo mejor que supimos y pudimos porque fue la gestión de una crisis enorme, no se ha vivido nada igual».También negó que hubiera «apagón informativo» en Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) porque se emitieron «30 horas de programación» sobre el accidente del metro en los días posteriores al siniestro. Aunque no aclaró por qué desaparecieron de la agenda comunicativa valenciana durante los años que reivindicaban respuestas y una investigación veraz. Romeral también negó haber dado ningún tipo de consigna o tener el «copyright» del mantra «accidente imprevisible e inevitable». «Mi trabajo no es dar consignas. Ni las he recibido, ni las he transmitido», respondió a la diputada Ana Barceló (PSPV), al ser preguntada por las denuncias de los trabajadores de RTVV sobre las «órdenes recibidas desde Presidencia» para no informar sobre las víctimas. Inclusó detalló que el periodista de Canal 9 que la acusó de haberlo hecho, -Frederic Ferri en el documental sobre el siniestro de Barret Films- me llamó al día siguiente para pedirme disculpas. Hasta ese día, nunca había hablado con él».

Sobre la «encerrona por sorpresa» entre Francisco Camps y el primer presidente de la Avm3j, Enric Chulio, que ha servido de coartada para justificar que sí se reunió con las víctimas, Romeral explicó que se trató de una «reunión privada» de la que no informó pero «sí se confirmó a los medios que preguntaron por ella», como Levante-EMV, respondió a la diputada Isaura Navarro (Compromís). Aunque declinó explicar por qué nunca recibió públicamente a todas las víctimas.

Tampoco quiso responder por boca de su anterior jefe la mano mano derecha de García Antón en el momento del siniestro, Maria Ángeles Ureña, quien insistió en la idea fuerza de que «el gobierno intentó estar al lado de las víctimas». Ureña limitó sus respuestas al ámbito de la Conselleria de Infraestructuras, «a la que no se encomendó el trato con las víctimas» y de la que dijo «se aportó la documentación que tenía, con transparencia, a las Corts y a la ciudadanía». Sobre el trabajo de H&M Sanchis, que ayudó a cocinar las respuestas de los directivos de FGV en la anterior comisión, Ureña sólo respondió que «la Conselleria de Infraestructuras no tenía ninguna relación con la consultora», aseveró a Antonio Subiela (Ciudadanos). Tampoco reveló si el conseller se planteó dimitir. Sólo reiteró sus argumentos de 2006 de que no dimitió por responsabilidad y para que no se dijera que «no había hecho nada, [en las líneas de metro] porque no es verdad». Por último, el subdelegado del Gobierno en 2006, Luis Felipe Martínez, desveló a Fabiola Meco (Podemos) que sugirió crear una oficina de atención a las víctimas como la creada en Torrent pero que el Ayuntamiento de Valencia rechazó la oferta para que «cada administración hiciera lo que tenía que hacer».