¿Y si el exconseller encarcelado se librara de devolver parte de los fondos de Cooperación Internacional saqueados? Podría pasar, tal como ha ido evolucionando el caso tras la condena a Rafael Blasco, aunque no parece fácil dadas las cantidades a devolver (más de dos millones de euros). No obstante, al Consell de Ximo Puig le preocupa y ha decidido adelantarse a los acontecimientos. Por lo que pueda pasar y lo que representaría de mensaje a la sociedad.
La Abogacía de la Generalitat ha instado al Tribunal de Cuentas a ejecutar provisionalmente la sentencia de noviembre pasado que condenó a Blasco y a otros cinco culpables del caso Cooperación a reintegrar a la Administración autonómica el dinero desviado de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía (más de 1,6 millones) además de los intereses devengados.
La resolución del citado órgano fue recurrida por el exconseller y el resto de afectados en febrero de este año, lo que paralizó la recuperación del capital detraído de las ayudas al Tercer Mundo.
Sin embargo, esta circunstancia no se da con las empresas también condenadas por los hechos citados, de las que ya se ha empezado a recuperar fondos. Incluso está en marcha la subasta de algunos de sus bienes con este fin.
Si todo el patrimonio de las sociedades (la Fundación Cyes y Gestiones e Iniciativas Arcmed, SL) y de los condenados que no son altos cargos ni funcionarios sumara la cantidad estimada por el Tribunal del Cuentas, sucedería que el otrora todopoderoso conseller y portavoz parlamentario del PPCV no vería afectado su bolsillo.
Es lo que el Ejecutivo valenciano quiere impedir ahora con la petición al Tribunal de Cuentas de la ejecución provisional de la sentencia.
Por ello, y como «no conoce bienes suficientes del demandado [Blasco y el resto de la trama] para cumplir con el fin de la ejecución», reclama además una investigación sobre su patrimonio.
Insta, en primer lugar, a recabar de ellos una relación de los bienes que poseen para cubrir la indemnización requerida. Y urge asimismo a que la Agencia Tributaria informe sobre las cuentas bancarias, los inmuebles y los vehículos de algunos de ellos: Blasco, Alexandre Català (fue secretario general de la conselleria) y Tina Sanjuán (exsecretaria general administrativa del departamento en la etapa de Blasco).
La cantidad total reclamada surge de los 1.623.819,86 euros que el Tribunal de Cuentas cifró como daño causado a la Conselleria de Solidaridad por la actuación de los implicados. A ella le suma 508.789,46 euros en concepto de intereses. Y a la cantidad resultante le aplica un 30 % por costas e intereses. De este modo, el total es de 2.772.392,11 euros.
La sentencia del Tribunal de Cuentas sobre la cantidad a reintegrar se produjo año y medio después de que Blasco y otros siete acusados fueran condenados a distintas penas de prisión por una de las dos piezas del caso Cooperación. Esta juzgaba el desvío de 1,8 millones de euros que debían ser para proyectos solidarios en Nicaragua y de los que sólo llegaron 43.000 euros. El resto se invirtió en pisos y garajes en Valencia de la Fundación Cyes.
El exconseller cumple por estos hechos una condena de ocho años de prisión en la cárcel de Picassent. Pesan además sobre él veinte años de inhabilitación para la función pública.
El empresario Augusto César Tauroni „contratista habitual en los departamentos por los que ha pasado Blasco y considerado cerebro de la trama junto a este„; Marcial López (presidente de Cyes); su mujer, María José Cervera; Marc Llinares, exjefe de área del departamento; Català, Sanjuán y Javier Llopis (exjefe de gabinete del conseller) fueron el resto de condenados.
El tripartito no quiere que se escapen de la devolución de los fondos públicos retraídos. Porque la recuperación del dinero de la corrupción es una de sus máximas y porque sería una mala lección a la sociedad, sostienen en Presidencia.
