La Generalitat ha detectado que la anterior Conselleria de Infraestructuras, Transporte y Medio Ambiente gobernada por el PP recibió del Ministerio de Fomento 16,5 millones de euros en ayudas a la vivienda que nunca se han pagado a los beneficiarios.

Las subvenciones previstas para ayudar a miles de personas en el pago de la hipoteca o el alquiler de su vivienda «se esfumaron» por el camino. Ahora bien, el ministerio pensaba que así había sido ya que la conselleria tenía obligación de justificar el dinero que le había entregado el Gobierno central para un fin concreto. Y es cierto que la conselleria justificó los pagos, pero con expedientes que estaban sin resolver. Al menos, en 16,5 millones.

Así lo denunció ayer la directora general de Vivienda, Rebeca Torró, acompañada del secretario autonómico Francesc Signes. Torró avanzó que las «irregularidades detectadas en la tramitación y justificación de las ayudas pendientes» se han enviado a la Intervención General para que «determine las actuaciones que se deban realiza para la defensa de los intereses públicos incluyendo, si corresponde, la exigencia de responsabilidades por parte de quien haya podido ser responsable de cualquier actuación irregular perseguible».

«Orden de paralización»

La clave de las «irregularidades» detectadas está, por una parte, en la «orden para que no se resolvieran miles de expedientes de ayudas a la vivienda por valor de 60 millones», que anunció la consellera Maria José Salvador hace unos días; y por la otra, de las «famosas» resoluciones 501, es decir, aquellas que, aunque los usuarios cumplían los requisitos, el anterior gobierno había decidido no reconocerles la ayuda.

«Era difícil entender la decisión de Isabel Bonig de ordenar que se denegaran las solicitudes hechas por miles de familias valencianas y aún lo era más intentar comprender por qué se escondieron durante tanto tiempo», aseguró ayer Torró. Al intentar ponerse al día en el pago a las ayudas que estaban pendientes por el anterior gobierno, la conselleria dio con la clave: «Estos mismos expedientes se estaban utilizando para justificar el dinero recibido ante el ministerio». Torró recalcó que ésta fue la «práctica habitual» ya que la última reunión «fue 10 días antes de la toma de posesión del nuevo president». La conselleria prevé que la cifra de 16,5 millones «aumente» sobre todo porque «continuamos analizando los datos».