Una treintena de directores de centros concertados de la Comunitat Valenciana ha abordado esta mañana, en plena calle, al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, para entregarles numerosos escritos de protesta por el recorte de unidades en la enseñanza concertadarecorte de unidades en la enseñanza concertada.
En total, el próximo curso desaparecerán 36 aulas de centros educativos concertados -laicos, católicos y en régimen de cooperativa- por orden de la Conselleria de Educación. Para intentar evitarlo, o al menos minimizar sus efectos, directores y representantes de los 27 colegios afectados en toda la Comunitat Valenciana han acudido hoy a las Corts , donde han esperado a la entrada de los principales responsables del Consell para entregarles los escritos de protesta y reivindicar la pervivencia de estas unidades.
La red concertada pierde 36 aulas para el próximo curso, según Educación por falta de alumnado, pero gana 30 nuevas por lo que el balance final será de tres unidades menos con respecto al actual ejercicio.
Posteriormente, algunos de los directores han entrado para asistir a la sesión de control a Ximo Puig en la cámara autonómica. En la medida de protesta han estado presentes las dos principales federaciones que agrupan la enseñanza concertada en la Comunitat Valenciana, Feceval (Federación de Centros de Enseñanza de Valencia) y Escuelas Católicas, así como la Federación de Enseñanza del sindicato USO.
En los escritos entregados a Puig. los colegios afectados por la supresión de aulas en el "arreglo" o planificación escolar para el próximo curso 2016-17 muestran al jefe del Consell su «respetuosa y enérgica protesta, nacida del desánimo y la impotencia, ante las medidas que se propone implementar la Conselleria» de Educación.
Los centros exponen en las cartas que el cierre de 36 aulas responde «a motivaciones políticas y desoyen la realidad social de nuestro entorno y el legítimo derecho de elección que inequívocamente han manifestado las familias».
Para la concertada el «arreglo» escolar, resuelto el 6 de mayo, 72 horas antes de la apertura del proceso de admisión de alumnos, «ha generado una gran inquietud para las familias y los trabajadores potencialmente afectados».
Los centros afirman que la mayor parte de las alegaciones «no se han tenido en cuenta y las mismas se han resuelto sin mantener reuniones con los titulares de los centros que hubiera permitido clarificar muchos aspectos». «No nos queda más remedio que defender los conciertos educativos sometiendo esta cuestión a los tribunales, con consecuencias que, sea cual sea el resultado, a nadie dejarán contento», reclaman los directores en el manifiesto.
Los representantes de la concertada entienden que a través de la vía del recurso administrativo de reposición «puede ser un momento para contrastar toda la información a su alcance, con criterios objetivos y que atienda a toda la ciudadanía y no a la una determinada orientación ideológica», aunque los colegios son conscientes también del daño irreparable que para los centros puede suponer una resolución posterior al plazo de presentación de solicitudes en los centros.
