Las macrorredardas, detenciones e imputaciones que han sacudido la vida pública y mediática valenciana en los últimos meses no caen en un saco roto doméstico o local. La corrupción en la Comunitat Valenciana ha escamado a la Unión Europea, que recela del destino final de los cientos de millones de euros que ha otorgado al gobierno valenciano en los últimos años. En concreto, el manto de sospecha se extiende sobre algo más de 108 millones que afectaban a fondos agrícolas y de cohesión.
Por ello, no se descarta que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, la OLAF, decida incoar una investigación, según se desprende de la respuesta parlamentaria que ha recibido la eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero de la comisaria de Política Regional, Corina Cretu. La representante socialista dirigió una serie de preguntas a la Comisión Europea cuando se hizo público el envío de una carta por parte de este órgano al gobierno de España en la que mostraba su preocupación por los recientes casos de corrupción que azotaban a la Comunitat Valenciana, encabezados por la Operación Taula. Querían saber qué estaba pasando y si en los diferentes entramados de mordidas y cobros de comisiones del · % a cargo del erario público se habían visto implicados fondos europeos.
«Le recordamos que los gastos relativos a proyectos afectados por investigaciones de fraude no deberían ser certificados a la Comisión hasta la conclusión de las mismas». De esta manera, la Comisión congeló las ayudas hasta que se despejen las dudas.
Rodríguez-Piñero, sin embargo, quiso saber qué parte de responsabilidad tenía la propia Comisión en el control del buen uso de los fondos, a lo que Cretu ha respondido ahora que «la responsabilidad de ejecutar los programas mediante la selección de los proyectos, de certificar el gasto y de verificar el funcionamiento eficaz de los sistemas de gestión y control recae sobre el Estado miembro», es decir, sobre el gobierno de España.
«El ministerio de Hacienda le quería pasar una multa al Consell por este tema y resulta que son ellos los responsables de su vigilancia y control», criticó la política valenciana. «Ha habido una clara dejación de responsabilidades durante muchos años», lamenta la eurodiputada.
Reembolsar el gasto
En la misma respuesta se hace referencia a las 1.014 notificaciones de irregularidades que se han comunicado desde la intervención de la Comunitat Valenciana a la Comisión. En total, 108 millones están bajo la lupa, 102 de los cuales son de fondos Feder, ayudas dedicadas a la cohesión territorial (transportes, tecnología de la comunicación, energía, medio ambiente, la investigación y la innovación, etc).
Si se confirma el fraude, el organismo europeo podría pedir que se devolviera el dinero. «La Comisión puede pedir al estado miembro información relativa a los proyectos afectados por la sospecha de fraude, a fin de velar por que el gasto se reembolse», reza la comunicación de Cretu.
