La exsecretaria general de Administración de la Conselleria de Solidaridad Agustina Sanjuán ha negado hoy que se concediese trato de favor hacia las empresas que resultaron adjudicatarias de 9.000 plazas residenciales en la Comunitat Valenciana para personas dependientes en 2003.
Sanjuán, condenada a seis años por malversar ayudas públicas destinadas a cooperación, ha declarado por videoconferencia desde la prisión en la que cumple condena, sobre el proceso de adjudicación de residencias para personas dependientes, en concreto las del grupo Savia.
Este grupo empresarial estuvo formado por diez constructoras, entre ellas las de la familia de Juan Cotino y del empresario Enrique Ortiz, ambas procesadas por supuesta financiación ilegal del PP.
Savia resultó adjudicataria del 40 % de las plazas del "macroconcurso" de plazas de residencias que hizo la Conselleria de Bienestar Social con Rafael Blasco de conseller, y que luego modificó Juan Cotino cuando accedió a la conselleria.
En respuesta a las preguntas de los diputados, Sanjuán ha negado que se brindase trato de favor a las empresas que acudieron al concurso.
Ha reconocido que no sabe si las empresas que se presentaron pudieron tener información previa sobre los pliegos: "Es algo normal que pregunten y acudan a solicitar información"; y ha añadido que Blasco tuvo "especial interés" en el concurso por su envergadura, pero ha aclarado que "no dio instrucciones concretas al respecto".
"Quien ha trabajado con Blasco sabe que no solo en este caso, sino en todos, había mucha exigencia, se trabajaba mucho y con mucha diligencia", ha apuntado Sanjuán, quien se ha negado posteriormente a opinar cuando Mireia Mollà (Compromís) ha cuestionado dicha "diligencia" y ha aludido a la condena que cumple tanto Blasco como la interviniente por su responsabilidad como gestores de ayudas para cooperación.
Sanjuán ha explicado que no recuerda de quién partió la iniciativa política de sacar a concurso 9.000 plazas residenciales y ha insistido en que, previamente, se "consensuó" el proyecto en "numerosas reuniones" en las que participaron "partidos, sindicatos y empresas del sector".
Sin embargo, al ser preguntada por nombres concretos de políticos, sindicalistas o empresarios ha apuntado que no lo recuerda, que quizá eran personas diferentes en cada reunión y que ella no ha sido política ni se ha relacionado nunca con empresarios.
Ha indicado que no recuerda quién realizó el mapa gerontológico en el que la conselleria basó el proyecto de adjudicación de las citadas plazas.
