La exsecretaria general de Administración de la Conselleria de Solidaridad Agustina Sanjuán negó ayer que se concediese trato de favor hacia las empresas que resultaron adjudicatarias de 9.000 plazas residenciales en la Comunidad Valenciana para personas dependientes en 2003. Sanjuán, condenada a seis años por malversar ayudas públicas destinadas a cooperación, declaró por videoconferencia desde la prisión en la que cumple condena, en la comisión de investigación, sobre el proceso de adjudicación de residencias para personas dependientes, en concreto las del grupo Savia.

Este grupo empresarial estuvo formado por diez constructoras, entre ellas las de la familia de Juan Cotino y del empresario Enrique Ortiz, ambas procesadas por supuesta financiación ilegal del PP. Savia resultó adjudicataria del 40 % de las plazas del «macroconcurso» de plazas de residencias que hizo la Conselleria de Bienestar Social con Rafael Blasco de conseller, y que luego modificó Juan Cotino cuando accedió a la conselleria. En respuesta a las preguntas de los diputados, Sanjuán negó que se brindase trato de favor a las empresas que acudieron al concurso. Aseguró que Blasco tuvo «especial interés» en el concurso por su envergadura, pero ha aclarado que «no dio instrucciones concretas».