La «caja» para el gasto sanitario en la Comunitat Valenciana cuente desde ayer con 40 millones de euros menos por culpa de una veintena de pleitos contra la Conselleria de Sanitat de los años 2012, 2013 y 2014 cuyos intereses de demora deben pagarse ahora, en concreto 39.456.221,08 euros.

La Conselleria de Hacienda oficializaba ayer a través del DOCV la modificación de créditos del capítulo 2 de asistencia sanitaria por importe de 39.456.221,08 euros para sumarlos a la partida de gastos financieros y poder hacer frente a las sentencias firmes pendientes de ejecución. Se trata de 22 fallos contrarios a la Conselleria de Sanitat, de los años 2013 a 2015 que implican reclamaciones de hasta 19 proveedores de la sanidad valenciana, entre ellos farmacéuticas y empresas del sector como Johnson and Johnson o Novo Nordisk Pharma; constructoras como Cyes Infraestructuras o Secopsa Construcción o la propia Fundación IVO, con la que la conselleria tiene un contrato de prestación de servicios en oncología.

Las reclamaciones principales de los proveedores sí habrían sido satisfechas, según confirmaron ayer fuentes de la administración, pero no así los intereses de demora reconocidos por la justicia y que ahora suponen un agujero de casi 40 millones de euros, «más de la mitad del ajuste de 78 millones aprobado el viernes por el Consell por imposición del ministro de Economía Cristóbal Montoro» según recordaron las mismas fuentes.

En concreto, la Fundación IVO podrá cobrar gracias a este trasvase de 39 millones de euros los intereses pendientes de dos causas judiciales contra la administración. Una de ella incluye 627.888 euros de intereses de demora de los 4,7 millones de indemnización principal que la justicia obligó en su día a pagar a Sanitat por las facturas de pacientes cuyo pago se estaba denegando por haber sido derivados desde los departamentos de salud bajo gestión privada. Por esta negativa, ahora la administración debe asumir el pago de al menos un millón de euros en intereses de demora.