Una nueva vida bajo el nombre de Divalterra

La diputación cambia la denominación y el objeto social de la empresa pública, en el foco de investigaciones

18.05.2016 | 01:12

Imelsa, nombre repetido hasta la saciedad en los medios de comunicación en los últimos meses por representar el escenario del último gran caso de corrupción valenciana, asistió ayer a su sepelio. La empresa pública de la Diputación de Valencia pasará a llamarse Divalterra, firma bajo la cual se pretende dar una segunda vida a esta entidad estigmatizada por los contratos clientelares y los trabajadores fantasma que cobraban del erario público sin desempeñar actividad alguna en la administración.

Finalmente, el cambio de nombre anunciado el pasado mes de marzo por Levante-EMV, se aprobó ayer por la Junta General de la entidad. Pero, además del nombre, Divalterra cambiará también su objeto social, según indicaron fuentes de la corporación provincial. En las próximas semanas se aprobará una modificación en los estatutos por la cual la función básica de esta empresa será específicamente la promoción del empleo en los municipios valencianos. Esta promoción se traducirá en ayudas a polígonos industriales y zonas comerciales, los dos ejes sobre los cuales la diputación basará sus políticas de creación de ocupación.

«La mala praxis en Imelsa pervirtió su objetivo de fomentar el empleo en los años más duros de la crisis», lamentó ayer el presidente de la corporación, Jorge Rodríguez. En este sentido, el presidente señaló que con estos cambios lo que se pretende es «dejar atrás Imelsa», entre otras razones, para que los trabajadores que «escondían se vuelvan a sentir orgullosos».
Desde la diputación señalaron que se ha optado por el cambio de nombre en el marco de una «limpieza» de la empresa, de la cual han sido expulsados una treintena de trabajadores relacionados con contratos fantasmas tras realizarse una auditoría forense. «No se trata solo de un lavado de cara, sino de un cambio profundo en la gestión», añadieron.

Así, explicaron que con estas modificaciones se pretende salvar el puesto de trabajo de unos 800 empleados, «muchos de ellos aprovechables a pesar de la sombra de corrupción que existía sobre la firma. Se ha querido evitar otro Canal 9. En vez de cerrarla y despedir a todo el mundo, creemos que Divalterra tiene futuro y es posible una regeneración», detallaron las mismas fuentes.

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