El Tribunal Constitucional ha despachado en el tiempo récord de 45 días el recurso de inconstitucionalidad que la Generalitat interpuso a los Presupuestos Generales del Estado de 2016. La decisión del Alto Tribunal desmonta todos los argumentos jurídicos del Consell y agota la vía legal para reclamar una mejor financiación, a la que el Ejecutivo de Puig y Oltra recurrió ante el bloqueo político.
El Consell puso ayer el grito en el cielo por la rapidez con la que el Constitucional ha decidido sobre una cuestión que, según la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha llegado a emplear en casos similares entre cinco y nueve años.
Bravo, que dio el visto bueno en su día a la vía del recurso al TC, compareció ayer por la tarde de urgencia para mostrar su «sorpresa» y «decepción». La exportavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aseguró que en 36 años era la primera vez que un recurso de este tipo se «ventilaba» -es el verbo que utilizó- en un tiempo tan escaso. «No hay precedentes», remarcó la consellera de Justicia.
La sentencia no entra en el fondo de la cuestión, es decir no valora si la Comunitat Valenciana está o no mal financiada o si se contravienen derechos fundamentales de los valencianos como defiende el Consell, al que ya sólo le queda «seguir reivindicando para visualizar que hay un problema de desigualdad porque el Gobierno no nos lo está poniendo nada fácil», según la consellera.
El modelo de 2009 es constitucional
El Constitucional acepta los argumentos de la Abogacía del Estado que señala que, en ningún caso, las decisiones han sido adoptadas discrecionalmente por el legislador presupuestario, sino que son el resultado de la aplicación reglada y automática de la vigente ley de financiación de 2009, que fue expresamente aceptada por los representantes de la Generalitat Valenciana en la comisión mixta de transferencias con el Estado celebrada el 21 de diciembre de 2009.
El abogado del Estado resalta , además, que el Gobierno valenciano discrepa del sistema en sí porque deberían llegar a la Comunitat Valenciana más recursos, pero defiende que el modelo de financiación de 2009 no ha sido impugnado por la Generalitat sino asumido expresamente en 2009.
Argumento político, no jurídico
La sentencia concluye que el recurso tampoco invoca argumentos jurídicos sino políticos para demandar una financiación mayor y enfatiza en varias ocasiones que el actual sistema de financiación no persigue garantizar que el nivel de financiación o de gasto per cápita sea idéntico en todas las comunidades y que la existencia de diferencias, dentro de los límites legales, no vulnera la Constitución. Además, abre otra puerta al asegurar que en su caso debería de haberse presentado recurso contra la ley orgánica de financiación.
