19 de mayo de 2016
19.05.2016

Dos votos particulares defienden el veto a toda la ley

Dos consejeros opinan que el Consell debería de oponerse a la ley por seguridad jurídica y razones presupuestarias

19.05.2016 | 04:15

El Consell Jurídic sólo pone serias objeciones en el apartado dedicado a la selección de personal. Su conclusión final es que, salvo estas observaciones, «nada obsta para que el legislador autonómico en el ejercicio de sus competencias apruebe una nueva ley del servicio público de radiotelevisión de la Generalitat». Ahora bien, la discusión no fue unánime. Dos de los seis consejeros (ambos cuota del PP) han emitido sendos votos particulares para vetar directamente la nueva ley. Su conclusión es que el Consell debería emitir un criterio desfavorable a la tramitación en las Corts de la proposición de ley. Como es habitual, en la deliberación participó el expresidente Francisco Camps.

Así, el consejero Federico Fernández Roldán ataca la ley porque carece de un informe presupuestario justificativo. El consejero considera que la nueva tele tendrá consecuencias financieras y presupuestarias «significativas», que podría afectar a la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Fernández Roldán considera que el Consell debería justificar qué ha cambiado para que ahora se reabra una tele que se cerró alegando insuficiencia presupuestaria.

Este consejero estima también que la ley vulnera el principio constitucional de seguridad jurídica ya que la ley que se pretende aprobar «quedará afectada por el pronunciamiento» del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado por el PSPV (el partido ha anunciado su retirada), como de la impugnación del ERE de la extinta RTVV.

Su conclusión es que el dictamen debería advertir al Consell de que cuando emita su criterio tendría que mostrar su disconformidad con la continuación del trámite parlamentario.

También la consejera Maria Luisa Mediavilla apela al principio de seguridad jurídica para defender el criterio desfavorable. Alerta de que en un hipotético supuesto de nulidad del ERE se generaría una complicada situación para la plantilla y para la propia Generalitat que tendría asumir a los nuevos y viejos trabajadores, lo que pone en cuestión la viabilidad económica de la nueva corporación.

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