La falta de diligencia en la gestión de la hemodiálisis le ha costado a la administración pública 37,2 millones de euros. Eso es al menos lo estimado por la Sindicatura de Cuentas que cifra el coste que está teniendo para las arcas públicas la prórroga sine die del concierto sanitario de este servicio, que lleva caducado desde el 31 de diciembre de 2009.
Según el organismo, si la adjudicación del contrato se hubiera hecho «en tiempo y forma» en 2010, teniendo en cuenta los precios máximos previstos en los pliegos, la facturación se podría haber reducido en esos cinco años en casi cuarenta millones de euros.
La estimación también está incluida en el informe entregado ayer en les Corts sobre el grado de implantación que han tenido en la Conselleria de Sanidad las recomendaciones que en su día se dieron tras la auditoría a la que se sometió a este servicio y a la concesión de resonancias magnéticas.
Lo cierto es que la situación no ha cambiado nada todavía, por lo que la cifra de 37,2 millones sigue engordando a día de hoy. Fuentes de la nueva Conselleria de Sanitat aseguraron que tienen los pliegos a punto para sacar la licitación tras un parón para adaptarse a la normativa europea aunque la adjudicación aún tardará varios meses en llegar ya que el procedimiento debe primero recabar el informe favorable de la Abogacía de la Generalitat antes de iniciarse la licitación. El anterior Consell hizo una intentona para sacar a licitación de nuevo el concierto en enero de 2014 pero el expediente se paralizó «en febrero de 2015 por falta de crédito presupuestario y por no disponer del informe favorable de la Abogacía General de la Generalitat», según se apunta en el informe del Síndic.
El recordatorio del dinero que se está perdiendo es el principal reproche que se hace a la administración al respecto de este servicio en el que, por otra parte, se han implantado de forma mayoritaria las recomendaciones hechas en su día por la institución.
