«Con una pistola en la cabeza». Así describió ayer la vicepresidenta Mónica Oltra el proceso de negociación con el Ministerio de Hacienda del Plan de Ajuste que se ha visto obligado a perpetrar el ejecutivo valenciano con tal de acceder a los 2.500 millones del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) retenido por el ministro Cristóbal Montoro.

La también consellera de Igualtat, una de las carteras que va a sufrir la presión de la tijera, no detalló ayer tras el pleno del Consell de qué áreas saldrán los 170 millones que finalmente se van a restringir. Como publicó Levante-EMV ayer, su conselleria sufrirá un ajuste de más de 18 millones de euros. En total, unos 65 millones de gasto social y 53 entre Agricultura y Vivienda.

Una partida, la del gasto social, que el Consell aseguró que no se iba a tocar. Ayer, la vicepresidenta reiteró que estos «dolorosos recortes no afectan a los servicios básicos, ni a los derechos de los valencianos ni a las pequeñas empresas». Cabe recordar que, según fuentes consultadas, el ajuste fruto de la retención de crédito está basado en partidas que históricamente no se ejecutaban «y son más flexibles», añadió Oltra.

Ayer mismo se envió a Madrid este plan de ajuste, que previsiblemente será aprobado la próxima semana y será entonces cuando el Consell informe sobre cómo afecta este recorte al presupuesto de la Generalitat. «Detallaremos euro a euro de dónde salen», respondió la vicepresidenta.

Al respecto, el coordinador de Economía del PP Rubén Ibáñez criticó que el gobierno «podía haberlo tenido listo hace un mes», pero que no ha querido aprobarlo antes porque es un Consell «moroso e indisciplinado».

Oltra se refirió también a la admisión a trámite por el TSJCV del recurso del Gobierno contra los decretos de la Generalitat sobre coordinación con las diputaciones en turismo y deportes. En su opinión, «es normal» que se admitan a trámite los recursos y criticó el «uso partidista» de las diputaciones para «hacer oposición al Consell».