Tras 16 años al frente del órgano de fiscalización de las cuentas públicas valencianas, Rafael Vicente Queralt cumple el último sexenio para el que fue elegido. Exgerente de la Universitat Jaume I e interventor de la Diputación de Castelló no está dispuesto a seguir en funciones mucho tiempo mientras los partidos se ponen de acuerdo para elegir a los tres nuevos síndicos. Propone que se les designe ya y después se marchará. Como fecha tope el 30 de junio.
¿En qué situación queda la Sindicatura de Comptes?
Me gustaría no transmitir la idea de que abandono. Todo lo contrario. Estaré aquí hasta la fecha que la ley me obliga. He dado 15 días o lo que haga falta para que los partidos elijan a los síndicos, pero no quiero ni la interinidad ni seguir de forma provisional hasta que se apruebe la ley, porque su tramitación creo que va a ser larga.
¿Le están presionando para que siga al menos dos meses?
A mí la ley me manda que tengo que estar hasta que se elijan nuevos síndicos, pero no quiero que la elección se posponga a la aprobación de la nueva ley [de Podemos que tramita las Corts] porque puedo estar muchísimo tiempo. No me encuentro con fuerza para seguir y creo que tiene que producirse una renovación porque el Síndic Major es una figura fundamental. Dos meses es lo que Montiel cree que tardará en tramitarse la ley. Ojalá. Pero para mí dos meses es excesivo. Hay una razón adicional y es que en esta casa entra el 30 de junio la cuenta general de la Generalitat y a partir de ese día se desencadena todo el proceso de fiscalización del sector público valenciano, que son 18.000 millones. Y ese día tiene que estar resuelto. No puede renovarse en octubre o en noviembre porque aquí el 30 de junio se inicia una gran efervescencia. Ahora es el momento idóneo. El legislador siempre ha querido que se haga cuando toca, por eso nos dio un mandato de seis años para que no coincidiera con el parlamentario.
Usted llegó con Zaplana, siguió con Camps y Fabra y la deuda valenciana pasó de 6.000 a 40.000 millones. ¿Lo vio venir?
Puedo decirlo porque ya llevo muchos años aquí. He ido viendo lo que es evidente y lo que ha generado la deuda. Y es la disminución de los ingresos sin la correspondiente disminución de los gastos. Hubo un tiempo, cuando nadie hablaba de crisis, 2006 o 2007, en que empezamos a detectar una caída de ingresos y lo advertimos. En cambio no hubo descenso de los gastos. Ocurrió al revés. En ese momento en lugar de disminuir el gasto, lo que aumenta es la deuda. Y caída de ingresos y generación de deuda es lo que nos ha llevado a la situación actual.
También puso el dedo en la llaga de algunos casos de corrupción. ¿Nadie le hizo caso?
Tengo inventariados 32 casos de fraude que en estos momentos están en trámite judicial y en los que ha participado la Sindicatura. En todos los casos dijimos algo.
¿Y qué dijeron?
Pues tenga en cuenta que nadie sabía lo que iba a pasar después, pero en los informes dijimos lo que la ley nos obliga a decir porque es difícil en ocasiones delimitar la actividad fiscalizadora de la policial o judicial. En algunos casos era de forma muy evidente, en otros no tanto y en otros había que entender entre líneas lo que se quería decir.
Ponga ejemplos, por favor.
En el caso de Fitur, las contrataciones de la Agencia Valenciana de Turismo, por ejemplo. Dijimos que no se había justificado que no se licitara públicamente, ni se justificó el importe, ni se había aprobado un pliego de condiciones de acuerdo con la ley. El Valencia Summit, en Ciegsa, la visita del Papa, donde ya criticamos la subcontratación, que no estaba previsto en los pliegos. En estos casos hicimos una llamada de atención y nuestros informes están en el sumario, como ha pedido el juez. La actividad fiscalizadora acaba ahí y empieza la responsabilidad contable. Esto es una carrera de relevos. Cuando acaba la fiscalizadora empieza la policial o la judicial. Por obligación legal si vemos una irregularidad acudimos al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía. En marzo de 2015 ya firmamos un convenio con la fiscalía del Tribunal de Cuentas y este año se han abierto 41 diligencias de posible responsabilidad contable a la vista de nuestros informes.
Usted lo escribía en sus informes, pero la impunidad parecía absoluta. ¿Le resulta frustrante?
Sí, lo es. No me hicieron caso ni a mí ni a mis conclusiones. Fue así. No hay nada que decir? (silencio) Ni las consellerias ni las Corts nos dijeron nada al respecto.
¿Qué le parece la proposición que ha presentado Podemos para modificar la Sindicatura?
Este es un buen momento para reformar la ley y nosotros ya nos habíamos anticipado pensando en cosas a modificar. Nosotros hemos hecho sugerencias a la ley de Podemos, pero no sabemos como acabará. La ley es de 1985 y ahora este momento es bueno para hacer una ley nueva y mejor.
¿Rebajaría la elección de los tres quintos a la mayoría absoluta como propone Podemos?
Yo creo que eso va a ser difícil porque la ley está amparada por el Estatuto de Autonomía, que exige los tres quintos para cambiarla. Hay cosas en las que sí estamos de acuerdo como por ejemplo que al Síndic Major lo elijan los propios síndicos y no el presidente de la Generalitat. Precisamente para avanzar y homologarnos a otros órganos de fiscalización.
Usted llegó a instancias del PP, pero se destaca su independencia. ¿No avanzaríamos si se prima el perfil profesional frente a la cuota partidista?
En independencia y objetividad pongo la mano en el fuego por los tres síndicos „él mismo más Marcela Miró y Antonio Mira-Perceval a instancias de PP y PSOE„ y con los otros que estuve antes. Hay que cambiar esa visión de que aunque se venga propuesto por un partido necesariamente tienes que actuar en función de esa proposición. Aquí, una vez dentro, y pongo la mano en el fuego, siempre han actuado todos con independencia. Partiendo del trabajo que hacen los auditores, todos funcionarios. Nunca se ha actuado a base de si este es de un partido o del otro.
Pues eso es lo que trasciende a la opinión pública?
Claro, pero como el sistema obliga a que sean los partidos los que nos propongan pues indudabablemente trasladamos esa dependencia, pero siempre se ha actuado con objetividad. Este es un trabajo muy técnico y la ventaja es que todos hemos pasado por la Administración. Pero hay que ser independientes y aparentarlo.
¿La Sindicatura tiene suficiente independencia del poder?
Rotundamente, sí. Como todos los órganos de control en cualquier ámbito. Con mayor o menor incidencia yo creo que todos son muy independientes del poder. Aunque hay tensiones en los asuntos en los que podamos discrepar. Pero en la medida en que un informe viene de un funcionario que es técnico y lo revisa el órgano colegiado, sí existe independencia.
¿Y en cuanto al Tribunal de Cuentas, a usted le hubiera gustaría tener más autonomía?
El Tribunal de Cuentas tiene dos competencias claras: la fiscalizadora y la jurisdiccional, la que juzga la responsabilidad contable. Cuando se produce la presunta responsabilidad contable, tanto civil como patrimonial, sólo ellos pueden juzgarla. Y es ahí donde hay una gran labor que hacer.
¿Con la intención de recuperar dinero evadido?
Exactamente. De hecho el Tribunal ha practicado esa responsabilidad contable en el caso Cooperación. El Tribunal embargó los pisos que habían sido comprados [por la trama de la que formaban parte el exconseller Rafael Blasco y Augusto César Tauroni].
