La Fundación Cyes utilizó dinero de la Generalitat destinado a ayudar a Nicaragua a la compra de cuatro propiedades inmobiliarias en Valencia. Así queda probado en la sentencia de la primera pieza del Caso Cooperación, la que condujo a la prisión de Picassent al exconseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, y su principal aliado en la trama corrupta, el empresario Augusto César Tauroni, condenados a seis años y medio de cárcel. No fue una adquisición de poca monta: más de 900.000 euros desembolsó en 2008.
Estos bienes, situados en la avenida de Ausiàs March de Valencia y que suman una superficie de 500 metros cuadrados, han sido sacados a subasta por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano en los últimos meses con el fin de recuperar el dinero saqueado, pero el resultado no ha sido el esperado.
La única oferta recibida se ha quedado en poco más de 80.000 euros, ni el diez por ciento de lo que los pisos y garajes costaron.
Nadie esperaba que las propuestas se acercaran a lo que la Fundación Cyes pagó por su patrimonio. Sin embargo, la única propuesta presentada tampoco se aproxima a la tasación pericial realizada y que situaba el valor de estos bienes en 550.000 euros.
Ante este panorama, el Gobierno valenciano, como ejecutor de la sentencia, tenía que decidir qué hacer. Las opciones eran aceptar la oferta y cobrar los menos de 100.000 euros u oponerse a la subasta y quedarse con los inmuebles y decidir después si los vende de manera directa, los alquila o les da algún uso público.
Esta última es la decisión que ha adoptado, han asegurado fuentes próximas a la Abogacía de la Generalitat: se queda con los pisos.
De acuerdo con la normativa actual, explicaron las citadas fuentes, tendría que abonar la mitad del precio de la valoración pericial: 275.000 euros.
Los técnicos entienden que la operación es ventajosa para la Administración autonómica, ya que supone un precio por metro cuadrado de 500 euros, cuando en la citada zona de Valencia se están pagando 1.500 euros por metro de local comercial, de acuerdo con los análisis realizados. Ello supone un valor que se acerca al que la trama de Blasco pagó en 2008.
Aunque catastralmente aparece dividida en varias viviendas, se trata de una planta diáfana completa en el entresuelo de un edificio de la avenida de Ausiàs March, además de una plaza de garaje. La instalación, donde tenía su sede en Valencia la Fundación Cyes y que fue comprada con fondos públicos destinados a la Cooperación Internacional, suma 500 m2. Está en perfecto estado, cableada y preparada para un uso inmediata, según la inspección realizada.
En todo caso, los 275.000 euros no se pagarán, sino que se restarán de los más de dos millones de euros que los condenados por el caso Blasco han de devolver a la Administración valenciana. Esta es la cantidad que fue desviada de los fondos a Nicaragua, según lo juzgado hasta ahora del caso. Quedan dos piezas pendientes, correspondientes al destino del dinero para un hospital en Haití y la cooperación con otros países americanos y africanos.
El Tribunal de Cuentas sentenció en noviembre pasado que la cantidad distraída de las ayudas a Nicaragua ascendía a 1,6 millones, a la que había que sumar intereses de demora y costas. En total, 2,7 millones. Y condenó a Blasco, Tauroni y otros culpables del saqueo a reintegrar de su patrimonio personal este montante.
Como adelantó Levante-EMV, la Generalitat ha pedido la ejecución provisional de esta sentencia, sin esperar al fallo a los recursos presentados.
El Ejecutivo de Ximo Puig quiere evitar de esta manera que el exconseller y el resto de condenados puedan librarse de pagar con su patrimonio personal los fondos saqueados.
La Abogacía de la Generalitat ha pedido una relación de los bienes de la culpables y que la Agencia Tributaria informe de sus cuentas, inmuebles y vehículos.
