El PP pedirá en el pleno de las Corts esta semana que se elabore una proposición de ley que garantice el desarrollo del Derecho Civil foral valenciano frente a la Administración del Estado. Esta petición responde a la decisión del pasado 28 de abril del Tribunal Constitucional de tumbar la ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano de 2007 al considerar que invade las competencias del Estado.
Para ello, el PP ha presentado una proposición no de ley en las Corts que se debatirá con el objetivo de crear una ponencia que en un plazo de cinco meses elabore la propuesta sobre la competencia legislativa en materia de Derecho Civil foral valenciano que se llevaría a la Mesa del Congreso.
La iniciativa de la diputada del PP María José Ferrer San Segundo recuerda que el Estatuto de Autonomía de 2006, aprobado por ley orgánica del Parlamento de España declaró competente a la Generalitat para legislar sobre Derecho civil foral. De esta forma, las Corts han aprobado normas de amplia vigencia social como la Ley de Régimen Económico Matrimonial; la de relaciones familiares de los hijos cuyos progenitores no convivan, conocida como de custodia compartida; la de uniones de hecho o la de contratos y otras relaciones jurídicas agrarias.
El Tribunal Constitucional acaba de tumbar la primera de esas leyes de derecho civil foral, la de Régimen Económico Matrimonial, tras recurrirla el Gobierno en el mismo año en que se promulgó, en 2007.
Ante esta decisión, con la posibilidad de que también otras de estas leyes puedan ser derogadas, el PP entiende que resulta «necesario e inaplazable» resolver las discrepancias entre la Administración de la Generalitat y la del Estado por cuanto afectan a la competencia sobre normas civiles ya aprobadas por las Corts.
A su vez, añaden que la indefinición actual merma también la seguridad jurídica de los valencianos, en tanto que estas normas se proyectan sobre sus relaciones patrimoniales-personales. Según señalan desde el partido, esta situación, de no resolverse, podría derivar en el aumento de los litigios por solicitudes de revisión de custodias, de liquidaciones de regímenes económicos, incluso de contratos o derechos reales realizados o constituidos durante año con arreglo a la legislación vigente.
Por todo ello, desde el PP insisten en la necesidad de fijar, de forma concordada entre la Administración del Estado y la Generalitat, los parámetros para garantizar que el desarrollo autonómico del Derecho Civil Valenciano refrendado por el Estatuto vigente sea seguro y eficaz. Además, aseguran que se debe «reparar la injusticia sostenida» en cuanto a la capacidad normativa civil de la Comunitat Valenciana.
