El expresidente de la Generalitat Alberto Fabra eliminó durante su mandato la figura del delegado del Consell, una suerte de alto cargo destinado a las provincias con un cometido mucho más político que administrativo. En su día, a Francisco Camps el delegado del Consell (el cargo lo ocupó algún tiempo el hoy presidente del PP de Alicante, José Císcar) le fue muy útil para su particular batalla interna con los zaplanistas. Fabra, sin embargo, vio en esta suerte de comisarios políticos un contrapoder y los eliminó con la excusa de la austeridad. La estructura continuó (varios funcionarios tienen su puesto en las delegaciones territoriales) pero sin cabeza visible, por lo que resultaba poco operativa.

El nuevo inquilino del Palau de la Generalitat, Ximo Puig, sin embargo, ha decidido activar lo que sin duda es una plataforma idónea para pelear el poder provincial y, en concreto, actuar como contrapoder de las diputaciones de Alicante y Castelló, ambas en manos del PP. Así, Presidencia ha reforzado estas oficinas provinciales a cuyo frente ha situado a personas con un acusado perfil político. En este caso, no serán altos cargos, sino funcionarios de máximo nivel. En Castelló, tal como avanzó Levante-EMV, Puig ha elegido al exdiputado y vicesecretario provincial del PSOE de Castelló, Adolf Sanmartín. El nombramiento no ha estado exento de polémica ya que Función Pública puso pegas a la comisión de servicios porque Sanmartín es docente y, en principio, puestos como el referido están reservados para la administración general.

Al margen de esta controversia, con Sanmartín como jefe de la delegación del Consell en Castelló (el cargo se ha rebautizado como delegado territorial), Puig se garantiza una persona de su máxima confianza en la provincia. Sus ojos y sus oídos en Castelló.

El perfil del «jefe» de la oficina de Alicante es similar al del exdiputado socialista. Se trata de Esteban Vallejo, ex secretario general del PSPV en San Vicent del Raspeig y profesor de la Universidad de Alicante. Su cometido, según el mismo indicó cuando fue presentado en sociedad por el secretario autonómico de administración local, Antoni Such, será servir de «enlace» entre los alicantinos y la Generalitat.

La cúpula de las delegaciones territoriales se verá reforzada también con una jefatura de servicio, un puesto que no existía en la anterior plantilla. Al final, y según la propuesta de Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que Presidencia ha remitido a Función Pública, las delegaciones territoriales contarán con una plantilla de entre 20 y 30 funcionarios. Alicante tiene una estructura de 36 plazas; Castelló con 24 y Valencia con 21. Ademas, hay cuatro funcionarios más adscritos a la delegación del Consell en Castelló y Alicante.

La decisión de recuperar la figura del delegado territorial se produce en un momento político de especial tensión con las diputaciones provinciales. Los decretos del Consell para intervenir los presupuestos de las diputaciones y tomar el mando en las políticas de turismo y deportes ha acabado en los tribunales. Los presidentes populares de las diputaciones pelean con uñas y dientes para no perder ninguna parcela de poder. Son, además, el último bastión institucional que conserva el PP tras la debacle de las autonómicas.

Históricamente, los gobiernos de la Generalitat, con sede en Valencia, han tenido más dificultades a la hora de tener presencia en las provincias. En Alicante y Castelló, las diputaciones son las que mayor protagonismo institucional tienen.

Quien más lejos ha llegado en sacar partido al cargo es César Sánchez, que ya se presenta a sí mismo como presidente del gobierno provincial de Alicante. Sánchez, uno de los referentes del PPCV con mayor proyección, va por libre y explota al máximo su posición. Ya en el 9 d´Octubre no fue al Palau y montó en la diputación su propia recepción.