El presupuesto para financiar el sistema sanitario valenciano está en la diana de los recortes exigidos por Madrid para que la comunidad se ajuste a los valores del déficit. La caja de la sanidad ya ha tenido que encajar los primeros recortes pero el Consell tiene intención de contraatacar con cifras de por medio. La Conselleria de Sanidad está recopilando datos de todos los incumplimientos y retrasos pendientes para exigir al Gobierno central que, al menos, sea justo en las reclamaciones y que, si la Comunitat Valenciana ha de cumplir, el Estado ha de hacer lo propio con lo que corresponde a la región.
Las primeras cifras ya están sobre la mesa y el saldo a favor de la C. Valenciana no es nada despreciable: 306 millones de euros pendientes de cobro de las arcas públicas solo por la atención sanitaria a los desplazados de otras comunidades y a extranjeros en los últimos cuatro años, según un documento interno al que ha tenido acceso este diario.
Anualmente la Comunitat Valenciana es receptora de miles de personas de otras comunidades, principalmente turistas que, una vez en territorio valenciano necesitan del sistema sanitario de forma circunstancial. El ministerio tiene los mecanismos para realizar esta compensación a las comunidades que, como la valenciana, atiende a más personas al año de las meramente registradas a través del Fondo de Garantía Asistencial y del de Cohesión.
Sin embargo, los retrasos y las diferencias de desarrollo de la reglamentación están generando un agujero en la caja sanitaria ahora cuantificado y que se viene reclamando al ministerio en los diferentes consejos interterritoriales. La casuística es compleja y variada: desde el dinero estimado que no se puede cobrar todavía porque la normativa está poco avanzada hasta el dinero pendiente de años anteriores de conceptos por los que ya se cobra.
De la cifra global, la cantidad más alta a reclamar según este informe interno -y, quizá, la más imprevisible a la hora del cobro- sean los 231 millones cuantificados como atención sanitaria especializada que se ha dado desde julio de 2012 hasta diciembre de 2015 a personas de otras comunidades. La cantidad incluye todas aquellas visitas y tratamientos de turistas que superaron la consulta del médico de cabecera y que, según datos de la conselleria, suponen más de 168.000 asistencias al año. El gasto anual se estima en 66 millones de euros.
Con todo, el camino hasta llegar a estos más de 230 millones puede ser largo y complicado. Por lo pronto el real decreto que constituyó el Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) del que debe cobrarse estas cantidasdes aún no se ha desarrollado normativamente en este aspecto y el primer borrador pergeñado para ello tampoco es favorable a los intereses valencianos.
Desde el ministerio están apostando por una forma de cuantificación que cuenta la población desplazada temporalmente que lo haya notificado por lo que, si no hay un registro exacto, que no lo hay, el cálculo se hace inviable. El informe apunta a que la única vía no gravosa sería contar por paciente atendido.
Descompensación con Europa
A estos 231 millones hay que sumar los 38,6 de la atención a extranjeros. El Gobierno valenciano sí está siendo compensado por esta atención en centros y hospitales pero la diferente metodología que se aplica a la hora de contabilizar la deuda y lo cobrado hace que se arrastre una descompensación en negativo que, en los últimos cuatro años roza los 40 millones de euros. Según este documento, el sistema valenciano cuenta anualmente el coste de los tratamientos ofrecidos pero los ingresos llegan de los países europeos con retraso, sin año de referencia y sin que se pueda tener un criterio temporal de compensación. Sumando ambas columnas, al final, las cuentas no salen.
A la cantidad a reclamar, la administración añade también en este informe remitido a la Conselleria de Hacienda 13,3 millones por tratamientos a pacientes programados (derivados de otras comunidades previo acuerdo) que están comprometidos pero no ingresados y otros 23,1 de la asistencia primaria a desplazados de otras comunidades con carácter retroactivo.
Desde enero de 2014, la compensación por este capítulo se ha normalizado y los pagos van llegando pero Sanidad entiende que aún le queda por cobrar la asistencia que ofreció desde la entrada en vigor del FOGA -julio de 2012- hasta diciembre de 2013: 23,1 millones de euros.
En realidad, el coste por atender a desplazados fue de 31 millones de euros pero hay que restar el coste de los tratamientos médicos que necesitaron en este periodo los valencianos en el resto de España (5,3 millones) y aplicar un porcentaje del 60 %, ya que la compensación no es al 100 %.
