La Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas tiene en marcha un nuevo modelo de justicia gratuita para la Comunitat Valenciana que facilite el acceso a dicho beneficio a las personas que presentan una discapacidad de cualquier tipo, ya sea física, mental, intelectual o sensorial. Así lo ha anunciado la consellera Gabriela Bravo durante una intervención ante el Pleno de las Corts. Las medidas serán incluidas en la reforma del Decreto 29/2001, de 30 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, una norma «que necesitaba ser adaptada a las reformas legales producidas en los últimos quince años», explicó.
Acceso garantizado sin recursos
La conselleria estudia un cambio en la fórmula de acceso de las personas con discapacidad a la justicia gratuita, en virtud de la cual tendrán garantizado el acceso a este beneficio mediante la simple acreditación de que sus recursos e ingresos económicos no exceden ciertos amplios límites. El motivo de este cambio obedece a que las personas con diversidad funcional tienen en su vida diaria unos costes derivados de su situación que no soportan otros sectores de la población, defendió la consellera Bravo.
De esta manera, la evaluación del derecho a la asistencia jurídica gratuita de estas personas se realizará con criterios económicos objetivos y flexibles, previa valoración de las circunstancias de cada solicitante.
