26 de mayo de 2016
26.05.2016
Municipios

Trabajo reclama tres millones a 187 pueblos por contratar técnicos

La Inspección de Trabajo obliga a pasar a los profesionales de autónomos a régimen general

26.05.2016 | 18:02
Vista aérea de Sot de Chera.

Las cifras

  • 3 millones. Cálculo del pago de tasas a la Seguridad Social
    Según estimaciones de la diputación, en total, los consistorios deberían abonar 3 millones de euros, unos 15.000 euros por cada municipio con menos de 5.000 habitantes.
  • 1 semana. Para ponerse al día con los pagos
    la Inspección de Trabajo da hasta antes del 3 de junio para ponerse al día con las cuotas de los últimos cuatro años y añadir a estos profesionales a las plantillas de los municipios. Los ediles están mandando cartas a la diputación para trasladarles su malestar y preocupación.
     

Desde hace 30 años y hasta ahora, los municipios de menos de 5.000 habitantes que necesitaban un arquitecto o un ingeniero para llevar a cabo sus proyectos u obras lo conseguían a través de un convenio con la Diputación de Valencia y los colegios profesionales, ya que estos trabajadores técnicos suponían un desembolso casi imposible para las mermadas arcas de los ayuntamientos más pequeños. Sin embargo, esa situación puede cambiar ahora.

La Inspección de Trabajo ha puesto bajo la lupa a estos ayuntamientos, un total de 187, por el sistema de contratación de estos profesionales. Según el órgano del Ministerio de Empleo, los trabajadores se deberían incluir en el régimen general de la Seguridad Social y no como ahora, que son autónomos. Pero no se queda ahí. La Inspección pide además unos 3 millones de euros por los ejercicios fiscales de los últimos cuatro años, según cálculos de la diputación, que no entiende a qué vienen estos controles tras 30 años de implantación de este modelo de contratación, extendido también en las provincias de Castelló y Alicante.

Desde que comenzaron las visitas del inspector el pasado mes de octubre, la intranquilidad ha invadido a los alcaldes de los 187 municipios afectados. Los ediles han ido recibiendo una carta en la que se les comunica la noticia, informándoles de que tienen hasta el próximo día 3 de junio para tramitar las solicitudes de alta en la Seguridad Social de estos profesionales y para ponerse al día con las cotizaciones desde 2012 hasta hoy. Una semana para hacer frente a unos pagos que los alcaldes no saben cómo afrontar.

Esperando a los servicios jurídicos
Ante el inminente desembolso, los ediles han trasladado su preocupación a la diputación, quien ha decidido presentar batalla contra esta medida. Según explicó ayer la diputada de Asesoramiento Municipal, Asistencia y Defensa en Juicio Conxa García, la corporación provincial realizará «las alegaciones y los trámites necesarios para garantizar la seguridad jurídica a los ayuntamientos adheridos a los convenios» de la diputación con distintos colegios profesionales, unos 16.

En este sentido, el jefe de asesoramiento municipal Enrique Moreno explicó que hay dos sentencias que le darían la razón a la diputación, ya que «la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana decidió que no se podía calificar como laboral la relación de estos arquitectos con los ayuntamientos». Sin embargo, en la carta que remite la Inspección de trabajo y a la que ha tenido acceso Levante-EMV también se hace referencia a otras sentencias judiciales del Tribunal Supremo que avalarían su posición.

«Renunciar a tales servicios dejaría a estos municipios sin profesionales cualificados para llevar adelante las licencias de obras, entre otras actuaciones fundamentales para el funcionamiento diario de los entes locales», destacó la diputada. García criticó ayer estos registros, que se producen «justo ahora, meses después del cambio de gobierno en la mayoría de instituciones y ayuntamientos, y no en los 30 años que lleva funcionando el servicio».

Con estos convenios, los ayuntamientos adheridos pagan tan sólo una pequeña parte del servicio, entre un 20% y un 25%, al igual que los colegios profesionales, y es la diputación, con un 55%-60%, la que se hace cargo del resto de los pagos, señalaron fuentes de la corporación provincial.

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