El president de la Generalitat, Ximo Puig, tiene ya sobre la mesa la herramienta con la que bloquear, si se diera el caso, la intención de Ribera Salud de hacerse con el 100 % de la concesión sanitaria de la Marina. Un informe emitido por la Abogacía de la Generalitat concreta que el gobierno valenciano sí tendría la última palabra si Ribera Salud ejecuta el derecho de tanteo sobre las acciones de su socio DKV en Marina Salud. Ambas empresas habrían suscrito ya un preacuerdo.
Este informe, solicitado por la Generalitat Valenciana cuando se conocieron las intenciones de DKV de dejar a su socio su 65 % de las acciones de Marina Salud, deja en manos del Consell la autorización de la operación basándose en la premisa de que este cambio de acciones supondría una variación de las condiciones en las que se adjudicó la concesión sanitaria, en 2009.
En concreto, se podría alegar la pérdida de solvencia que supondría pasar de tener a un concesionario participado por DKV y Ribera Salud a que éste pasara a ser al 100 % de la empresa presidida por Alberto de Rosa que, además, ya gestiona por completo otras tres áreas de salud: la de la Ribera que da nombre al Modelo Alzira de colaboración público-privada, la de Torrevieja y la de Elx. La autorización para hacer la operación accionarial no fue solicitada, sin embargo, en los últimos movimientos empresariales dados por Ribera Salud bajo gobiernos del Partido Popular. Ahora, y con este informe en la mano, se entiende que estas operaciones sí deben de estar «supervisadas» por la administración.
Acabar con las concesiones
En manos de Puig, el informe supone cortarle las alas a la expansión de Ribera Salud como paso previo a la determinación política de acabar con las concesiones sanitarias y que las cinco áreas vuelvan a estar bajo gestión pública. La primera será el departamento de Alzira, cuyo contrato expira en 2018 y, según han anunciado en varias ocasiones desde el Palau de la Generalitat, no hay intención de prorrogar.
El informe que todavía falta por conocer es el encargado por el gobierno al Instituto Valenciano de Finanzas y que ha de poner un precio al 65 % de las acciones de Marina Salud en manos de DKV. Esta valoración tendría que apuntalar la propuesta del president de que fuera la administración autonómica la que se quedara directamente con la parte de DKV y conseguir así la reversión, en una misma legislatura, de dos de las cinco áreas bajo gestión privada.
