28 de mayo de 2016
28.05.2016
Tribunales

El juez no ve indicios de delito en el hundimiento de la ladera de Cortes

El desprendimiento provocó heridas leves en un vigilante de seguridad que se incorporaba al trabajo

28.05.2016 | 00:37

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Requena ha sobreseído la causa abierta por el desprendimiento de tierras ocurrido el 6 de abril de 2015 en la CV 428, que provocó un desprendimiento de piedras y arena sobre la calzada, que dejó incomunicada por carretera la localidad de Cortes de Pallás y provocó heridas leves en un trabajador.

El juez estima así la petición del ministerio fiscal que, tras examinar la documentación disponible, solicitó el sobreseimiento provisional de las diligencias el pasado 11 de mayo, por entender que los hechos investigados no eran constitutivos de delito. En un auto de tres páginas facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el instructor afirma que una vez agotadas «todas» las vías de investigación, «no ha quedado acreditado la comisión del posible delito objeto de la investigación, siquiera de forma provisional e indiciaria».

El juzgado investigaba la comisión de un posible delito contra los derechos de los trabajadores ya que, como consecuencia del derrumbe, resultó herido un vigilante de seguridad de la central hidroeléctrica de Cortes-La Muela, propiedad de Iberdrola. El 6 de abril del año 2015 se produjo un desprendimiento de piedras y arena sobre la carretera CV-428, a unos 300 metros de la localidad de Cortes de Pallás. El desprendimiento cortó la carretera principal y el camino asfaltado que lleva a la aldea de Otonell y dejó aislado a la población de Cortes de Pallás durante los 9 meses que duraron las obras.

El juez considera que el Plan de Emergencia aportado por Iberdrola, y que regía para sus trabajadores en la obra «contenía una previsión específica» para el riesgo de deslizamiento del terreno.

El juez analiza la intervención de las fuerzas de seguridad y de la propia Iberdrola en los primeros instantes tras el desprendimiento y no observa posibles negligencias o irregularidades desde el punto de vista de la protección de sus trabajadores.

La Fiscalía solicitó hace 15 días el archivo de la causa en la vía penal aunque podrían presentarse reclamaciones por la vía civil.

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