El Consell que preside Ximo Puig cerró su primer presupuesto con la espada de Damocles del cumplimiento de la ley de Estabilidad. Tuvo que ajustar sus cuentas a la exigencia inicial del déficit del 0,3 % echando mano de la partida 'ficticia' de 1.300 millones por la infrafinanciación, pero no renunció a un presupuesto expansivo que, aunque en apariencia descendía, aumentaba en casi mil millones el gasto. Es por eso que, desde el principio, el Ministerio de Hacienda estuvo vigilante de los avatares de las cuentas públicas valencianas.

En plena exigencia de recortes por parte del Ministerio de Hacienda, resulta que el Consell ha modificado al alza su previsión inicial de gasto en 339 millones y eso a los tres meses de ejercicio, según consta en el último informe del Ministerio de Hacienda sobre ejecución presupuestaria de las comunidades. Parte de la culpa de este incremento del gasto la tiene el plan de inversión en los municipios, conocido como el Plan Confianza que el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, lanzó hace más de siete años para contrarrestar el Plan E de Zapatero.

La iniciativa fue un fracaso, pero el Consell ha tenido que asumir la herencia de las obras comprometidas para no dejar colgados a los ayuntamientos que, de un signo político u otro, se embarcaron en este plan. Ayer lo explicó la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, quien indicó que el Consell ampliará hasta 2019 la vigencia del plan, facilitará a los municipios la «reorientación» de los proyectos pendientes o cuya ejecución fue paralizada.

La vicepresidenta recordó que hace unas semanas el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publicó una resolución por la que se incorporan al presupuesto de gastos de 2016 un total de 193 millones de euros de remanentes que provienen de proyectos incluidos en el Plan PIP pendientes de realizar. Esta operación ha tenido su reflejo en el informe de ejecución presupuestaria del tercer trimestre.

Oltra denunció la falta de control que ha habido desde que se comenzó con el plan, ya que no se ha realizado una adecuada gestión de las contrataciones. «El anterior Consell no hizo inspecciones del desarrollo de las obras. Ha habido errores y horrores que todavía se pueden visitar por todo el territorio», indicó, al tiempo que subrayó que dará opciones a los municipios de sustituir no sólo aquellos proyectos que aún no han sido autorizados, sino también los autorizados que no se han ejecutado y aquellos que aún no se han iniciado, siempre teniendo en cuenta como límite las cuantías asignadas a cada municipio.

Según los datos oficiales, las modificaciones de crédito acordadas en los tres primeros meses del año elevaron las partidas de gasto a 17.694 millones de euros, casi un 2% más respecto a los créditos iniciales fijados por el ministerio en 17.354 millones.

La modificación al alza se produjo principalmente en las operaciones de capital, es decir, en los capítulos destinados a inversiones, tanto directas, como indirectas. Así, las Corts aprobaron unas cuentas que destinaban 744 millones de euros a obras y a 31 de marzo de este año, este dinero rozó casi los 1.000 millones, nada menos que un 32% más.

En inversiones reales, la partida pasó de 394 millones a 571,6 millones: 176 millones más. Las inversiones indirectas aumentaron 65 millones. Pero también las operaciones corrientes ganaron 8,5 millones de presupuesto. La partida que más creció fue la de personal, que ha ganado en tres meses 5 millones de euros más.

En materia de ingresos se registra un incremento de 198 millones de euros de más en la partida de activos financieros. Según fuentes de Hacienda, este apunte es reflejo del Plan Confianza que computa tanto en gasto como en ingresos, ya que en su momento se financiaba con cargo a la deuda.

En este contexto, el Ejecutivo valenciano se ha obligado este mes a aprobar un tijeretazo en sus cuentas de alrededor de 171 millones de euros, la mitad de lo que prevé gastar de más, al menos por ahora.