El obispo de Lleida, el valenciano Salvador Giménez Valls, ha firmado un decreto en el que exige a todos los sacerdotes de la diócesis, a los religiosos y a los voluntarios que aporten el certificado negativo del Registro central de delincuentes sexuales, según fuentes del Obispado.
La diócesis da de plazo hasta septiembre a los interesados para que aporten los papeles necesarios, un proceso que afectará a 80 curas y a otras 500 personas, incluido el mismo prelado que también solicitará el certificado como «ejemplo de transparencia». Giménez Valls señala en el escrito: «Decreto que en todas las parroquias, comunidades y delegaciones, se obtenga un certificado negativo del Registro central de delincuentes sexuales de todos los profesionales o voluntarios que realicen tareas pastorales en contacto con niños o jóvenes (presbíteros, religiosos y laicos)», señala el decreto que el Obispado ha colgado en su página web. Giménez Valls recuerda en el escrito que la Ley 20/2015 de protección a la infancia y a la adolescencia es aplicable en las actividades con menores de edad, niños, adolescentes y jóvenes, entre los cero y los 17 años, y especifica que afecta a las actividades que se generan en «parroquias, comunidades y delegaciones diocesanas».
Hasta septiembre las parroquias, delegaciones y otros servicios pastorales pueden entregar la documentación a la Secretaría General del Obispado que hará la petición conjunta del certificado negativo del Registro central de delincuentes sexuales.
