31 de mayo de 2016
31.05.2016
Tribunales

Enrique Crespo será juzgado el 23 de junio por ocultar un premio de lotería

Su hermano Carlos y sus padres también serán juzgados como supuestos cooperadores para ocultar un premio de 12 millones obtenido en el sorteo de Navidad de 2011

31.05.2016 | 16:18

El expresidente de Emarsa, exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Manises Enrique Crespo, su hermano Carlos y sus padres serán juzgados desde el 23 de junio como supuestos autor y cooperadores necesarios para ocultar un premio de 12 millones obtenido en el sorteo de Navidad de 2011.

Según han informado a Efe fuentes judiciales, el juicio de esta pieza separada del caso Emarsa se celebrará en el Juzgado de lo Penal número 6 de Valencia los días 23 y 24 de junio y 1, 5 y 6 de julio.

El fiscal pide para todos ellos penas de tres años de prisión y multas de 27.000 euros (dieciocho meses a 50 euros diarios) por un supuesto delito de alzamiento de bienes.

El fiscal plantea asimismo que debe ser reintegrado al patrimonio de Enrique Crespo la cuantía de 12.375.000 euros, procedente del cobro por su familia de los billetes de lotería premiados que eran propiedad del exdirigente del PP.

La Abogacía de la Generalitat, al igual que el resto de acusaciones personadas en la causa, considera autor del delito de alzamiento de bienes a Enrique Crespo Calatrava y cooperadores necesarios a su hermano Carlos y sus padres, Enrique Crespo García y María Ángeles Calatrava Ortí.

En consecuencia, reclama para Enrique Crespo Calatrava una pena de dos años y una multa de 10.800 euros, y de un año de prisión y una multa de 5.400 euros para el resto de procesados.

El abogado de la Generalitat pide asimismo que el hermano y los padres reintegren al patrimonio del expresidente de Emarsa los bienes "indebidamente retraídos", que cuantifica en 22.770.000 euros.

También que, de cara las posibles exigencias derivadas de su responsabilidad civil, se anulen las transmisiones de décimos premiados y se declaren nulos los contratos de depósito o valores financieros "utilizados por los acusados para ocultar premios".

La Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), que ejerce la acusación popular como sucesora de los activos de Emarsa -empresa pública de la Diputación que gestionó la depuradora de Pinedo (Valencia)- pide para Enrique Crespo Calatrava una pena de tres años de prisión y una multa de 108.000 euros.

Para el resto de procesados en esta pieza reclama dos años y medio de prisión y multas de 84.000 euros; y que devuelvan al patrimonio de Enrique Crespo Calatrava al menos 13.625.000 euros, es decir, el equivalente a 109 décimos de lotería premiados (segundo premio del sorteo extraordinario de Navidad de 2011, que supuso 125.000 euros por décimo).

En febrero de 2014 el juez instructor del caso Emarsa ordenó en un auto el bloqueo de 12.375.000 euros en distintas cuentas de los padres y el hermano de Crespo, cantidad que corresponde a 99 décimos de lotería, puesto que este únicamente reconoció al juez tener un décimo en su poder.

El instructor dio credibilidad al testimonio del interventor del Ayuntamiento de Manises, que declaró como testigo, que aseguró haber escuchado a Crespo reconocer que tenía cien décimos el 23 de diciembre de 2011.

A este testimonio se concedió credibilidad por mostrarse "firme, claro y coherente", si bien Crespo insistió en desmentir su tesis en una posterior declaración ante el juez.

"El miedo a las consecuencias o a la debilidad de quien tiene que trabajar en un Ayuntamiento y que depone contra quien ha sido su alcalde es motivo suficiente para que tal testimonio haya sido tardío", indicó entonces el instructor.

En consecuencia, el juez concluyó que Enrique Crespo obtuvo un premio de al menos 12.500.000 euros, correspondiente a 100 décimos, y que "se concertó" con sus padres y su hermano para el cobro de los mismos.

Según el citado auto, el hermano cobró 70 décimos, la madre 54 y el padre cinco, además de cientos de participaciones, que alcanzan un total de 22.770.000 euros, de ahí la petición de la Abogacía de la Generalitat.

La apertura de juicio oral por esta causa fue decretada en noviembre de 2014. EFE

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