La Fiscalía ha solicitado al Juzgado de Instrucción 21 de Valencia, que investiga el accidente del metro 2006, que cite a declarar como testigos a siete trabajadores de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) que han comparecido en la comisión de investigación del siniestro en las Corts.

En el escrito dirigido a la jueza que instruye la causa del metro, Nieves Molina, los fiscales Adoración Cano y Vicente Torres consideran que de los testimonios de los siete trabajadores vertidos en sede parlamentaria «se deducen revelaciones que son esenciales en el presente procedimiento, cuya finalidad es la averiguación de todas aquellas causas que hayan podido tener alguna incidencia en el siniestro del 3 de julio de 2006.

Los siete trabajadores que la Fiscalía quiere citar a declarar son Arturo Rocher (ex jefe de seguridad de FGV y quien reveló el documento que confirmaba el amaño de la anterior comisión, redactado por H&M Sanchis); Jorge Álvarez (maquinista de FGV y exsecretario del Sindicato Independiente Ferroviario), José Ricardo Cabello Núñez (jefe de mantenimiento y señalización en 2006), Pedro Díaz (responsable del área de prevención y miembro del Sindicato Independiente Ferroviario-Intersindical Valenciana), Juan José Valencia Valencia (oficial de talleres de Valencia Sud en 2006), Vicente Sebastián Portolés (jefe de equipo de mantenimiento en los talleres de Valencia Sud el año del accidente) y Francisco Viva Úbeda (maquinista de FGV).

Todos admitieron, en referencia a tareas que realizaban para FGV, que el accidente se podría haber evitado así como deficiencias negadas anteriormente en sede judicial por otros trabajadores como «el garrote y el bache en la vía» justo en la curva antes del accidente, las deficiencias en la colocación de las ventanas (que agravó la mortandad del siniestro que provocó 43 fallecidos y que se caían con los trenes en marcha o en aglomeraciones de gente como las Fallas) o la irregular programación de las balizas que ya existían y que permitían circular por el túnel a 80 kilómetros por hora, cuando la velocidad máxima permitida era 60 o 40 km/h, según los tramos.

Los trabajadores también admitieron las trabas a la investigación o la ocultación de informes relevantes como la auditoría de riesgos laborales de 2005 que los anteriores directivos de FGV, con Marisa Gracia al frente, mantuvieron oculta hasta , cuando creían que ya habrían prescrito las posibles responsabilidades.

Antes de valorar si decide citarlos o no a declarar, la jueza del metro ha solicitado a los fiscales que «informe o concrete qué hechos relevantes para la causa pueden aportar cada uno de los testigos cuya declaración interesan».

La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia también tiene pendiente de decidir si declara causa compleja la investigación sobre el accidente del metro, para poder prorrogar las diligencias 18 meses más, tal como le han solicitado la Fiscalía y las defensas de cinco familias personadas en la instrucción. La jueza acaba de declarar causa compleja las dos piezas separadas que también investiga sobre el «Caso Blasco».