No es que se movieran en la opulencia, pero ahora los consellers tendrán que hacer maravillas para llegar a fin de mes. El acuerdo de no disponibilidad adoptado por el Ejecutivo de Ximo Puig hace tres semanas para cumplir con las exigencias del Ministerio de Hacienda descansa sobre todo en los gastos de funcionamiento, el capítulo que con un 7% acumula el mayor porcentaje de recorte. El resto del ajuste se centra en los capítulos de transferencias corrientes (subvenciones) e inversiones. Así consta en la letra pequeña del acuerdo al que ha tenido acceso Levante-EMV, según el cual, este primer tijeretazo cuantificado en 78,3 millones de euros se produce como consecuencia «de declarar la no disponibilidad en un 5% de los créditos de los capítulos IV, VI y VII y del 7% en el capítulo II». Los gastos asociados al capítulo II son aquellos que tienen que ver de forma más específica con el funcionamiento del aparato administrativo, es decir, lo que cuesta subir la persiana todos los días: luz, agua, teléfono, pero también el día a día del personal y altos cargos: dietas, desplazamientos, etc. El pago de arrendamientos o las asistencias técnicas y consultorías se cargan también al capítulo de compra de bienes y servicios.

Tal como ha venido informando este diario, las medidas de ajuste se dividen en dos partes: el acuerdo de no disponibilidad y un segundo recorte de retención de créditos por valor de 92 millones. Juntos alcanzan la suma de 171 millones de euros. El ajuste global, como adelantó este diario, supone un bocado en Medio Ambiente, mientras que alrededor de 65 millones provienen de disminución de gastos de las conselleries 'sociales'; es decir, Sanidad, Educación y Bienestar Social.

El Consell mantiene que el segundo ajuste impuesto a las conselleries podría tener carácter reversible, en el sentido de que algunos de los créditos congelados podrían activarse tras un reajuste interno entre departamentos. A cada conselleria le correspondió un porcentaje concreto de ajuste y de forma libre eligió en qué partidas.

El acuerdo de no disponibilidad no es tan flexible. Es más, en un apartado establece que el acuerdo «no podrá ser revocado, si no es en los términos y condiciones previstos en el acuerdo sobre condiciones adicionales a cumplir por las comunidades adheridas al FLA 2016». Es decir, su carácter irrevocable es una condición para que el grifo del dinero se abra.