Carlos Fabra seguirá disfrutando de un régimen de semilibertad después de que la Audiencia Provincial de Castelló haya desestimado el recurso de la Fiscalía Anticorrupción que pedía la anulación del tercer grado.

Fuentes del caso confirmaron que la Audiencia de Castelló ha avalado la decisión de la juez de vigilancia penitenciaria de Madrid que otorgó el tercer grado a Fabra pese al criterio contrario de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Aranjuez, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y de la Fiscalía. Desestima por tanto el recurso interpuesto por Anticorrupción, que se opuso a la reclasificación alegando la gravedad de los delitos fiscales y que el expresidente de la diputación no ha abonado todavía la totalidad de las responsabilidades pecunarias de la condena, que suman 1,4 millones de euros.

Por su parte, la juez de vigilancia penitenciaria María del Prado Torrecilla consideró que Carlos Fabra tiene un riesgo de reincidencia «medio-bajo», ha evolucionado favorablemente en prisión, ha abonado la mayor parte de la responsabilidad civil, tiene una pena corta, fue condenado por delitos que no son graves y ha cumplido ya 70 años. La decisión vino acompañada de fuerte polémica después de que trascendiera que la juez fue suspendida en 2003 de sus funciones durante siete meses por presionar a una compañera en favor de la concesión del tercer grado al exbanquero Mario Conde.

Carlos Fabra -condenado a cuatro años de cárcel por cuatro delitos fiscales- obtuvo el tercer grado un año y cinco meses después del ingreso en prisión. Ello ha propiciado su salida de la prisión de Aranjuez y el traslado a un centro de inserción social de la capital, al que sólo acude a pernoctar entre semana. De hecho, estos días está en Castelló disfrutando de un permiso. El lunes se le vio en el centro de la ciudad realizando gestiones y en su chalé de la exclusiva urbanización de Platgetes de Bellver, en Orpesa, que ha puesto en venta para sufragar los gastos derivados de la sentencia. Recientemente ha sido condenado a pagar 368.000 euros al exmotociclista Álex Debón por un préstamo personal impagado que está investigando la Fiscalía.