El celo fiscalizador del PP está llevando a los gabinetes de las distintas conselleries a una situación al borde del colapso. Donde las dan, las toman, vienen a replicar los populares, que recuerdan cuando los ahora partidos gobernantes pedían los datos de la caja fija de la Generalitat de varios años atrás. No es lo mismo, comenta el director general de relaciones con las Corts. Antonio Torres argumenta que el PP negó directamente la información durante años, ahora sí hay voluntad de ofrecerla, sólo que los técnicos no dan abasto.
Lo evidente a la vista de los datos es que el toque a rebato en enero de la presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig, a sus 31 diputados para que tramitaran al menos cien peticiones de documentación „serían 3.100 en total„ ha surtido efecto corregido y aumentado.
Las cifras cantan: en lo que va de año (hasta el 15 de mayo) el PP ha formulado 3.728 solicitudes de documentación, que contrastan con las 341 del semestre anterior, el primero con los populares fuera del Palau de la Generalitat.
La misma evolución se observa con las preguntas escritas presentadas por los populares: de 204 en el primer semestre del mandato del bipartito a 2.075 en el segundo.
Por poner un ejemplo de esta «agresividad» controladora que Bonig pedía a sus huestes en la Cámara autonómica, a principios de mayo el grupo ha presentado dos preguntas idénticas para cada uno de los municipios valencianos en las que pide que se le informe de las inversiones, ayudas y subvenciones realizadas por el Consell en cada uno de ellos en el primer trimestre del año.
Las solicitudes de documentación, no obstante, son las que llevan más trabajo a los departamentos, ya que obligan a veces a los funcionarios a desplazarse hasta los almacenes de Riba-roja para la recopilación y copia de datos.
Con este tipo de iniciativas, el PP ha pedido, por ejemplo, el arqueo trimestral de la caja fija de todas las conselleries desde 2011, cuando gobernaba. O copia completa de los expedientes de menores beneficiarios de logopedia, o los que están tutelados por la Generalitat en centros residenciales, solicitudes estas últimas que están en los límites legales de la privacidad, asegura el Consell.
¿Son muchas estas iniciativas? Para comparar, en el primer año tras las elecciones de mayo de 2011 se presentaron 2.617 solicitudes de documentación, mientras que en los primeros doce meses de esta legislatura se han registrado 6.956. Solo el PP ha tramitado 4.069 y, de ellas „ya está dicho„, 3.728 en los últimos seis meses. Compromís no se queda muy atrás: 2.546 en el año.
Bonig aseguró ayer que no piensan cambiar de estrategia, a pesar de que Torres se quejara ayer del volumen de documentación que reclaman los populares. «Vamos a seguir. Nos pagan para fiscalizar al gobierno y proponer iniciativas. Recomendamos que en lugar de tanto plató de televisión y acudir a medios se dediquen a trabajar de una vez», dijo.
El PP ha presentado, hasta el momento, seis recursos contenciosos para obtener documentación. Bonig anunció ayer que la Fiscalía «ha estimado la demanda contra la Conselleria de Agricultura por negarnos la copia del proyecto piloto de Carns de Morella». Y lo mismo ha sucedido con otro recurso a la Conselleria de Justicia, indicaron fuentes del PP. Los restantes están pendientes de resolución.
En opinión de Antonio Torres, los populares buscan también eso, «que su gobierno no sea el único condenado por no entregar documentación a la oposición».
No se trata, agrega, de poner trabas a la labor de los diputados, sino de ser realistas con los equipos actuales de las conselleries. «En el pasado no bloqueábamos nada, porque directamente no nos daban la documentación. Había que ir a los tribunales», afirmó.
El PP, sin embargo, afirma que se les ha dado prórrogas incluso para recibir actas de plenos del Consell. La cosa llega hasta casi el nivel del chiste: mucha documentación la reciben en CD, dice, cuando los ordenadores de las Corts no tienen disqueteras.
Una condena judicial para ser todos iguales
«No hay nada como gobernar». Es lo que dijo Isabel Bonig ayer al señalar que el Consell alega como excusa para negarle la documentación a su grupo el elevado número de solicitudes registradas. «¿Les suena?», preguntó con ironía. No entregar documentos relacionados con Gürtel o de RTVV le valió a los anteriores gobiernos del PP varias condenas en procesos que llegaron hasta el Supremo. El Consell actual interpreta que Bonig busca ahora una sentencia equiparable.
