La decisión del Consell de excluir a los estudiantes de Ciencias de la Salud de las universidades privadas de las prácticas que se ofrecen en los hospitales públicos ha encontrado el esperado rechazo de los centros que ofrecen estas especialidades en la Comunitat Valenciana, la Universidad Cardenal Herrera-CEU, la Católica de Valencia y la Universidad Europea.
En la batalla que han anunciado para parar lo que entienden como una «discriminación» a sus alumnos tendrán como aliados a los colegios profesionales, al menos a los de las especialidades sanitarias más numerosas y arraigadas en la educación privada en la Comunitat: Medicina, Farmacia y Enfermería.
Desde las tres instituciones se posicionaron ayer claramente por un acceso «universal» a estas prácticas sin que el origen de los estudiantes universitarios suponga una traba para la realización de prácticas en hospitales públicos.
Así, desde el Colegio de Médicos de Valencia defendieron que todos los alumnos tenían derecho a acceder «a la mejor formación posible independientemente del ámbito en el que hayan estudiado» partiendo de la premisa de que las universidades privadas habían sido «aceptadas por el sistema educativo valenciano para formar a profesionales de la medicina». Idéntica posición la del colegio profesional de Farmacia desde el que apostaron por un acceso «universal» a estas prácticas «independientemente» de si los estudiantes son de «una universidad pública o privada». «Al fin y al cabo cuando finalicen sus estudios y ejerzan van a atender al paciente y por tanto deben recibir la mejor preparación», añadieron. Desde el Colegio Oficial de Enfermería dieron un paso más al asegurar que, efectivamente, se trataba de una posición «discriminatoria» partiendo de la base de que la ley orgánica que regula el ámbito universitario «no establece diferencias a la hora de realizar las prácticas por parte de los alumnos provenientes de universidades públicas o privadas».
Desde el colectivo criticaron además que la formación práctica en centros privados o públicos iba a generar profesionales «de primera y de segunda categoría» ya que uno de los pilares básicos de la formación enfermera, «por no decir el fundamental, se desarrolla en el ámbito de la atención primaria, que está poco desarrollado en el sector sanitario privado».
La reacción entre las tres instituciones privadas que ofrecen Ciencias de la Salud en la Comunitat fue la esperada: rechazo frontal, petición de diálogo con la administración para buscar puntos de encuentro e, incluso, anuncio de inicio de acciones legales para revertir esta decisión cuando se oficialice, según adelantó el vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Valencia, Juan Eduardon Santón. Por lo pronto, desde la UCV alegaron contra la denuncia del convenio iniciada por la Generalitat Valenciana -«posiblemente contraria a derecho»- y adelantaron que irán a los tribunales para parar esta decisión «discriminatoria y prohibida en derecho».
Una postura «ideológica»
Según Santón, la exclusión de los hospitales públicos no obedecía más que a una postura «ideológica, pura y dura» ya que la argumentación de la aplicación de la normativa -en este caso de la ley de Incompatibilidades de los funcionarios de 1984- «no tiene sentido. Nosotros nunca hemos remunerado a nadie por las prácticas», aseguró.
Tanto desde la Católica como desde la Universidad Cardenal Herrera-CEU garantizaron que, si se aplica el anuncio del Consell, los alumnos de ambos centros podrán hacer prácticas en el ámbito privado ya que se cuenta con conciertos ya suscritos y hay capacidad. Una vez se aplique la exclusión, los estudiantes de pago tendrán como opción para realizarlas en los hospitales acreditados para ello bajo concesión administrativa (Alzira, Dénia, Elx y Torrevieja) y aquellos centros privados que se acrediten. En este sentido, el vicerrector de la Católica criticó que la saturación y masificación de las prácticas fuera una de las «excusas» en las que basar esta decisión ya que, a su entender, la oferta del sistema sanitario valenciano para realizar este tipo de formación es «muy superior a la demanda de los centros públicos. La Universitat de València solo absorbe el 54 % por lo que hay un 46 % de capacidad para que las privadas puedan acceder. No estamos quitando plazas a nadie».
Desde el Consell, tanto el presidente Ximo Puig como su vicepresidenta Mónica Oltra insistieron en el mensaje lanzado el martes por los consellers Montón y Marzà: se está «poniendo orden» y aplicando la ley. «No se puede incumplir la ley sistemáticamente», aseguró Puig que garantizó que los alumnos ya matriculados podrán concluir sus prácticas como hasta ahora.
