La sección quinta de la Audiencia de Valencia ha absuelto al que fue jefe de seguridad del expresidente de la Generalitat Alberto Fabra de los delitos de coacciones y trato degradante contra el asesor de prensa del exvicepresidente José Císcar durante la búsqueda del denominado «topo del Palau». El policía llevó a cabo esta investigación para intentar localizar a la persona que filtraba documentación de Presidencia.
Los hechos ocurrieron en julio de 2014 cuando el acusado, Rafael Piqueras, inspector jefe de la Policía Autonómica, pidió al periodista Juan Botella que le acompañara a la comisaría de este cuerpo. Allí le expuso las sospechas que tenía de que él pudiera ser el «topo» y, al negarlo este, le pidió ayuda para localizarlo.
La sala estima que los hechos denunciados no son constitutivos de los delitos de trato degradante y coacciones „que le atribuían el ministerio fiscal, que reclamaba una multa de 4.500 euros, y la acusación particular, que solicitaba cinco años de prisión„, pese a que la petición fue acompañada de «alguna advertencia o consecuencia indeseada» para el periodista si no colaboraba.
«Comprende el tribunal la indignación del denunciante por la injusta imputación de que fue objeto y la preocupación que llevó a su ánimo, pero por desagradable que resultara la conversación y por mucho quebranto moral que le produjera, lo cierto es que la conducta del acusado, objetivamente valorada, no se ajusta al tipo penal en que se pretende encajar. No hay empleo de violencia, ni coerción de la libertad de obrar», señala la sentencia.
La Audiencia considera, no obstante, que «el acusado, en su afán quizás de hacer méritos ante el presidente, emprendió una investigación innecesaria e inoportuna, con una técnica cuando menos, cuestionable, exhibiendo unos modos nada amables y probablemente merecedores de la pérdida de confianza, que, en definitiva, sufrió».
Sin embargo, entiende que este proceder «no reviste carácter de infracción penal y, en concreto, no es constitutiva de los delitos de coacciones y trato degradante» de los que ha sido acusado.
Así, señala que el lugar elegido parece guardar relación con el carácter de la misión y que el periodista acompañó voluntariamente al acusado, sorprendido e intrigado, pero no forzado.
El exasesor de prensa de Císcar tiene ahora cinco días para recurrir el fallo de la sala, que sentencia a las partes a hacerse cargo cada una de las costas correspondientes del proceso.
