El Parlamento valenciano ha aprobado esta mañana por unanimidad la modificación de la ley de la Generalitat de ordenación y gestión de la función pública para que se destine al menos el 2% de la oferta pública a personas con discapacidad intelectual.
Hasta el momento, en las ofertas de empleo público se reservaba un cupo no inferior al 7% de las vacantes para que las cubrieran personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Ahora se incluye como novedad que al menos se alcance el dos por ciento de los efectivos totales para personas con discapacidad intelectual.
La ley pasa a incluir que la reserva del mínimo del 7% se realice de manera que al menos el 2% de las plazas ofertadas sean cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas con cualquier otro tipo de discapacidad.
El ponente de la reforma, el diputado de Ciudadanos Alberto García ha defendido la necesidad de la reforma para dotarla de coherencia con la legislación nacional.
