El aeródromo de Viver (l'Alt Palància) donde Avialsa T-35, S. L., tiene su base de operaciones logró tramitar la declaración de interés comunitario o DIC (el trámite urbanístico que permite ciertas actividades en suelo no urbanizable) en apenas unos meses, cuando el común de los mortales debe esperar años. La DIC fue autorizada por la Conselleria de Territorio el 2 de febrero de 2007. Aunque la terminal de aeronaves tardó años en poder utilizar sus instalaciones, desde que se instaló la primera piedra en marzo de 2007 hasta que pudo usarse como base de extinción de incendios (por ejemplo en el incendio de Andilla de 2012). Parte de este retraso estuvo provocado por la proximidad de un parque eólico cercano, cuya línea eléctrica afectaba a la zona de despegue y que finalmente se trasladó.
En la resolución de ambas cuestiones (la DIC y el desvío de la línea eléctrica) habrían mediado el ex presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, y «los Cotino», según declaró ayer el exgerente de Avialsa T-35 SL, Francisco Alandí, ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunt que investiga el conocido como «Caso Avialsa», la presunta trama de mordidas y amaño de contratos de los aviones antiincendios a cambio de regalos.
Alandí compareció ayer en calidad de imputado por los presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales, aunque es el denunciante del Caso Avialsa que acabó con la detención de una treintena de personas, entre ellas el exdelegado del Gobierno, Serafín Castellano, y el propietario de Avialsa T-35 Vicente Huerta. Alandí sólo quiso responder a las preguntas del juez, de la Fiscalía y de su propio abogado y se negó a contestar a los letrados del resto de imputados. El exgerente de Avialsa T-35, S. L., se declaró inocente y defendió ante el juez que actuaba bajo las órdenes de Vicente Huerta. Y apuntó a la mediación de Carlos Fabra, Juan Cotino y su sobrino Vicente Cotino (en calidad de accionista de una empresa impulsora de dos parques eólicos en Barracas y Viver) como la clave para que el aeródromo pudiera resolver los problemas burocráticos y de construcción. «Se pusieron de acuerdo para favorecer el aeródromo», relató Alandí al juez. Según esta misma declaración, Cotino habría modificado el trayecto de los cables de los aerogeneradores que impedían construir el aeródromo, sin coste para Avialsa, gracias a la intermediación de Carlos Fabra».
El magistrado, no obstante, ha recibido esta nueva información con cautela y ha concedido al exgerente de Avialsa T-35 SL un plazo de diez naturales para que aporte pruebas o documentación que apuntale esta nueva información.
