08 de junio de 2016
08.06.2016
Tribunales

El TSJ tumba el recurso del PP contra el decreto del Consell sobre asesores

La resolución no entra en el fondo de la cuestión pero rechaza que Santamaría esté legitimado para impugnar la orden - La sala impone las costas al diputado

08.06.2016 | 11:38
El TSJ tumba el recurso del PP contra el decreto del Consell sobre asesores

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha tumbado el recurso que presentó en su día el diputado del PP Luis Santamaría contra el decreto del Consell de Ximo Puig que regulaba la contratación de asesores, una norma que, tal como informó Levante-EMV, eliminó el requisito de titulación para contratar eventuales y para que estos pudieran cobrar como funcionarios el grupo A.

Santamaría llevó a los tribunales la controvertida orden, pero se ha encontrado con un portazo, ya que el alto tribunal entiende que el parlamentario carece de legitimidad para impugnar el decreto.

Así, el fallo conocido ayer, no entra en el fondo de la cuestión, es decir, no se pronuncia sobre si, como sostenía Santamaría, el decreto vulnera la legalidad. Sencillamente, entiende que «no existe indicio alguno que revele el contar con legitimación activa en aras a su impugnación». La sala recuerda que el diputado precisaba en su demanda que actuaba «en nombre propio» y no encuentra motivos para que sea un actor legitimado en este recurso. Tal es así, que el TSJ impone las costas al dirigente del PP.

Aunque contra la resolución cabe recurso de reposición, la resolución judicial viene prácticamente a cerrar las puertas de un litigio que, al final, se ha quedado a medio camino. Fuentes el PP indicaron ayer que tienen previsto recurrir.

Uno de los primeros recursos del PP
El recurso de Santamaría contra la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas fue uno de los primeros que presentó el PP contra el nuevo Consell de Ximo Puig. Después vinieron otros como los recursos por supuesta opacidad de la Generalitat (varios están dirigidos también a la conselleria que dirige Bravo) o los promovidos por la Diputación de Alicante y Castelló contra el decreto del Consell sobre coordinación de competencias.

El PP sostenía que la nueva regulación de asesores chocaba con una sentencia emitida en 2014 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana dictada contra el Ejecutivo de Francisco Camps a instancias de Intersindical. El alto tribunal anuló una serie de nombramientos porque no se ajustaban a la legalidad ya que vulneraban la ley 10/2010 de la Función Pública Valenciana y el decreto 349/1995 que condicionaba las retribuciones del personal eventual en razón del grado de preparación exigido y el nivel de titulación adecuado. Para evitar este inconveniente, el nuevo Consell optó por aprobar un nuevo decreto que deroga el de 1995 y desvincular el requisito de titulación de los emolumentos de los asesores.

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