La Asociación de víctimas del metro 3 de julio (Avm3j) ha dirigido un escrito a la jueza que investiga el accidente para urgirle a que cite como investigados a la ex gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) porque apenas falta un mes para que prescriban los posibles delitos por los que podrían ser imputados, ya que el próximo 3 de julio se cumple el décimo aniversario del accidente del metro.

La Avm3j ya realizó esta petición al Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia el pasado 13 de marzo, porque consideraban que habían incumplido la Ley de prevención de riesgos laborales al instalar el sistema de frenado en la Línea 1, donde murieron 43 personas.

Junto a Gracia, la Avm3j también pedía que se citara a declarar al director de Operaciones, Manuel Sansano; el jefe de Mantenimiento de Instalaciones Fijas, Gonzalo Romero; el de talleres de Valencia Sud, Luis Miguel Alepuz, el director de la Auditoría y análisis de seguridad en la circulación, Juan José Gimeno Barberá y el jefe de la Línea 1, Sebastián Argente, según los cargos que tenían todos ellos en 2006.

Desde la Avm3j expresan, en un comunicado, su «malestar, por la forma que tiene la jueza de retrasar la instrucción, al resolver mediante providencias, en vez de auto. La diferencia está, en que la providencia obliga a presentar recurso ante el órgano que lo dicta, es decir, ante ella misma, que vuelve a denegar las diligencias, y entonces las partes ya se pueden dirigir a la Audiencia Provincial». Y añaden que, en cambio, si Nieves Molina se pronunciase en forma de auto, los recursos se podrían dirigir directamente a la Audiencia Provincial, adelantándose así considerablemente, el resultado final».

Las víctimas del metro también insisten en la urgencia respecto a la decisión sobre estas imputaciones «debido al que el plazo para que prescriba la investigación, vence el 3 de Julio, cuando se cumplirán 10 años del suceso que motivó la apertura de estas diligencias. Apenas unas semanas, que la jueza, aparentemente, parece pretender dejar pasar», lamentan.

La defensa letrada de la Avm3j, que dirige el abogado Vicente Baeza, argumentó ante la jueza que estos seis directivos estaban «legalmente obligados» por la Ley de prevención de riesgos laborales a prever tanto las distracciones como las imprudencias no temerarias que pudieran cometer los trabajadores y a garantizar la seguridad en la empresa ferroviaria.

Las víctimas del metro realizaron esta petición al juzgado tras analizar la documentación aportada por FGV a la causa como el pliego de condiciones del sistema de frenado automático de la Línea 1, así como el documento con el que Siemens se presentó al concurso, que ganó, y el que elaboró en 1997 sobre el sistema de frenado automático puntual (FAP).

La Avm3j considera que la documentación aportada por Siemens «contradice la versión defendida por FGV» durante la instrucción ya que derivó en la empresa electrónica la responsabilidad de «establecer y definir los riesgos» en la Línea 1 y que, a partir de esa valoración, FGV ya propuso los sistemas de frenado.

A juicio de la Avm3j al instalar el FAP en la Línea 1 «no se analizan los riesgos sobre el lugar donde se produjo el accidente; ninguno de los informes estudia la geometría de la vía ni FGV aporta el análisis de riesgos en ese punto, realizado con posterioridad al accidente». Por ello, según la Avm3j «queda demostrado que FGV incumplía la ley de prevención de riesgos laborales».