09 de junio de 2016
09.06.2016

La Inspección de Trabajo no cede y tramita los expedientes a 187 municipios

La diputación busca un acuerdo con el organismo para evitar que los consistorios paguen 3 millones de euros

09.06.2016 | 04:15
La Inspección de Trabajo no cede y tramita los expedientes a 187 municipios

El conflicto entre la Inspección de Trabajo y los 187 municipios de menos de 5.000 habitantes de la provincia de Valencia parece que dista mucho de encontrarse ante una posible solución. El organismo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social sigue reclamando unos 3 millones de euros por la regularización de cerca de 700 profesionales técnicos que hasta ahora colaboraban con estos ayuntamientos en calidad de autónomos, a pesar de los distintos encuentros que se han llevado a cabo entre miembros de la corporación provincial y el gobierno central.

El pasado martes tuvo lugar una de estas reuniones en la Subdelegación del Gobierno. Según explicó a Levante-EMV la diputada de Asesoramiento Municipal, Asistencia y Defensa en juicio Conxa García, la situación se encuentra completamente bloqueada. El director provincial de la Inspección de Trabajo, presente en la reunión junto con el subdelegado, comunicó que se están tramitando ya las actas personalizadas para cada ayuntamiento, iniciando así el procedimiento legal para reclamar los reintegros. El plazo que el órgano otorgó a los consistorios para ponerse al corriente de estos pagos acababa el pasado 3 de junio. La diputación calcula que cada municipio debe pagar unos 15.000 euros por la Seguridad Social de estos empleados de los últimos cuatro ejercicios.

«La diputación continuará adelante y recurrirá esta medida», señaló García. Ahora serán los servicios jurídicos de la diputación quienes continúen con el proceso, ya que mediante la vía del diálogo no se ha podido llegar a ningún consenso. La reunión del pasado martes ha resultado completamente infructuosa, ya que ambas partes, Inspección y diputación, se han reafirmado en sus posiciones. No se esperan más encuentros de momento, aunque el subdelegado del gobierno, Juan Carlos Valderrama, ha emplazado a encontrar una solución para de aquí dos semanas.

«Yo no entro a valorar la legalidad de la medida, pero lo cierto es que no podemos dejar a los municipios sin estos trabajadores, que son vitales para llevar a cabo miles de tareas. Se trata de arquitectos, ingenieros agrónomos, forestales, etc... Son ayuntamientos pequeños que no pueden asumir la contratación de estos profesionales», apuntó la diputada.

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