La nueva ley de comarcalización cuyo borrador ha presentado esta mañana el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a los representantes de medio centenar de mancomunidades valencianas ahonda en la idea de que las administraciones más cercanas al ciudadano se asocien como deseen para buscar la eficiencia en el dinero público. Con esta iniciativa, el Consell tampoco esconde que no le gusta el excesivo peso que las diputaciones tienen sobre el control del territorio, especialmente en los ayuntamientos más pequeños. El propio presidente ha pedido esta mañana a la Administración provincial que dé un paso atrás, en un momento en que el Consell ya ha puesto en solfa las competencias de las diputaciones en materia de turismo, lo que ha motivado incluso un recurso del Gobierno de Mariano Rajoy. Dos de las tres diputaciones valencianas, las de Castelló y Alicante, están en manos del PP y el Consell quiera evitar que se conviertan en un contrapoder a la Generalitat. Con la ley de mancomunidades y comarcas, el Consell está dispuesto a fortalecer legalmente el espacio comarcal, con el muchos territorios valencianos se han encontrado históricamente más cómodos que con las diputaciones. Puig ha hecho este anuncio durante una reunión en el Palau de la Generalitat con los presidentes de las 52 mancomunidades de la Comunitat Valenciana, donde se ha dado a conocer también el decreto de ayudas para gastos de funcionamiento a estas asociaciones voluntarias de municipios, dotado con 600.000 euros para este año. El presidente ha indicado que no se trata de aumentar el gasto y la burocracia, sino de «ser más eficaces teniendo en cuenta la realidad comarcal».