El borrador de ley de mancomunidades recoge dos tipos de agrupaciones: las comarcales propiamente dichas y las uniones de municipios para la prestación de servicios. El Consell las dotará de un marco legal del que carecían hasta ahora, pero no busca imponer nada, según el director general de Administración Pública, Antoni Such. «Vamos a hacerlo de abajo a arriba, lo que queremos es agrupar sinergias y ser más eficaces, no habrá dobles estructuras», explicó ayer a Levante-EMV.
Such admite que la norma que regula las mancomunidades avanza hacia una futura ley de comarcalización, nunca aprobada en territorio valenciano tras más de tres décadas de autogobierno.
Y pese a la penuria económica de la Generalitat, la ley de mancomunidades no se queda sólo en buenas palabras. La Generalitat no solo ha recuperado las ayudas al gasto corriente de las mancomunidades, eliminadas por el Consell del PP en 2012, sino que ha triplicado las últimas que concedió Alberto Fabra. De 200.000 euros se pasará a 600.000 este año.
Such puntualizó tras el encuentro con los responsables de las mancomunidades que estas ayudas constituyen «una apuesta por el municipalismo, por el asociacionismo de los entes locales a través de las mancomunidades y por prestar mejores servicios públicos a los ciudadanos, por hacer más eficiente el dinero público».
«Lo que hay que defender siempre es el principio de subsidiariedad, que significa que aquello que se puede hacer desde el espacio más próximo, se tiene hacer desde ahí, porque es más eficiente», defiende el presidente Puig, que se mostró convencido de que las diputaciones colaborarán.
