La consellera de Sanidad, Carmen Montón, aseguró ayer que los 8.400 contratos irregulares detectados por la Inspección de Trabajo y por los que la Generalitat habría defraudado unos 2 millones de euros, corresponden a «anteriores etapas» del Consell ya que se trata de contrataciones de los años «2013, 2014 y 2015 cuando se permitían ciertas prácticas que no eran de recibo y contra las que ahora luchamos».
De esta forma, la consellera dijo que han «cortado de raíz el fraccionamiento de contratos» que se impuso en varios departamentos sanitarios desde 2012 bajo gobierno del PP y que suponía contratar a personal de lunes a viernes, despidiéndolos el fin de semana y en vacaciones. Según el Sindicato de Médicos de Asistencia Pública que el lunes dio cuenta de la resolución de la Inspección de Trabajo, estos contratos en los departamentos del Peset, Clínico, General y Arnau, afectaban a 2.439 trabajadores.
La cantidad defraudada, según el sindicato, sería de casi dos millones de euros. En principio ésta sería la cifra que la Conselleria de Sanidad debería reintegrar a la Seguridad Social pero el pago está paralizado hasta que se resuelva el recurso planteado por Sanidad ya que entienden que han incluido otros contratos que sí son legales.
