17 de junio de 2016
17.06.2016
Medida

El Consell ya ha retirado 12 placas de condenados por corrupción

Las ornamentaciones recuerdan las inauguraciones hechas por Rafael Blasco, Carlos Fabra y Hernández Mateo

17.06.2016 | 14:37

El conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, ha destacado que, hasta la fecha, se han retirado un total de 12 placas conmemorativas de dependencias de la Generalitat y municipales donde aparecía el nombre de personas que habían ocupado un cargo público y "han sido condenadas por sentencia judicial firme por corrupción, delitos contra la hacienda pública y la seguridad social o por delitos contra la administración".

En concreto, Alcaraz ha señalado que se trata de siete placas retiradas del exconseller de Solidaridad, Rafael Blasco, condenado a seis años y medio de cárcel por fraude de ayudas al Tercer Mundo; otras cuatro del expresidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, condenado a cuatro años de cárcel por fraude a la Hacienda Pública y otra del exalcalde de Torrevieja y exdiputado del grupo popular en las Corts Valencianes Pedro Ángel Hernández Mateo, condenado a tres años de cárcel por los delitos de falsedad documental y prevaricación.

El conseller Alcaraz ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia en la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat de las Corts para explicar el grado de ejecución de las medidas adoptadas por el Consell para la retirada de placas de políticos corruptos en la Comunitat Valenciana.

Para el titular de Transparencia, la retirada de estas placas de edificios públicos tiene "un contenido simbólico fundamental para la regeneración democrática de la Comunitat Valenciana".

Según ha explicado, esta iniciativa, aprobada por el Pleno de las Corts el pasado 15 de octubre, ha sido posible gracias a la colaboración de ayuntamientos, diputaciones y ciudadanos que han identificado muchas placas ya que, "no existe ningún tipo de registro en el que consten las placas que se instalan ni los nombres que aparecen en ellas", ha afirmado el conseller.

Por ello, Transparencia ha estado en contacto con todas las consellerias para identificar las placas de edificios que dependen de la Generalitat para proceder a su retirada, además de remitir una carta a los 542 ayuntamientos y las tres diputaciones provinciales de la Comunitat Valenciana en la que les pedía apoyo en esta tarea.

Concretamente, las placas retiradas de dependencias de la Generalitat son: seis con el nombre de Rafael Blasco, situadas en el Centro de Rehabilitación de Integración Social (CRIS) de Ciudad Jardín de la ciudad de Alicante, en el Centro Especial de Asistencia al Mayor (CEAM) de Ontinyent, en el CRIS Sant Pau de Valencia, en la Residencia de Mayores Velluters de Valencia, en el Centro de Salud de Bellreguard y en la Ciudad de la Justicia de Elx.

Asimismo, se ha retirado una placa con el nombre de Pedro Hernández Mateo, situada en el Pantalán Deportivo del Puerto de Torrevieja y otra de Carlos Fabra, situada en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castelló.

Placas retiradas de dependencias municipales
Por otra parte, Alcaraz ha explicado que existen distinciones que figuran en edificios públicos que no pertenecen a la Generalitat, en los que "no podemos obligar a que retiren placas de sus edificios ni tampoco tienen la obligación de comunicarnos motu propio si lo hacen", ha subrayado el conseller.

Sin embargo, ha destacado que tienen constancia de que en muchos municipios se ha procedido a retirar las placas de sus edificios sin necesidad de comunicárnoslo.

Se trata de cuatro placas: tres con el nombre de Carlos Fabra, situada en el Auditorio Municipal de Navajas y en el Pabellón Polideportivo de Vinarós y en la casa consistorial de Morella y otra con el nombre de Rafael Blasco, en la Oficina Amics de Callosa d'en Sarrià.

También ha detallado que existen denuncias ciudadanas sobre la existencia de placas con nombres de condenados por corrupción que constan en dependencias de ayuntamientos o diputaciones a los que se han trasladado dichas denuncias pero que, sin embargo, no han informado de si han actuado o no, "entidades gobernadas actualmente por el PP", ha matizado el conseller Alcaraz.

En concreto, se trata de placas con el nombre de Carlos Fabra, en el parque rural de Eslida y el parque de bomberos de Oropesa -dependientes de la Diputación de Castelló- y en la Plaza Mayor, en el CEAM, en el casco antiguo y en una rotonda, en la localidad de Oropesa.

Asimismo, ha lamentado que existen placas con el nombre del exalcalde de Calpe Javier Morató Vives, que no tienen constancia de su retirada, en la plaza del Mediterráneo, Puente del Puerto, Jardín del Pou, rotonda de la Llum y plaza de Manuel Miró, en Calp.

"No es un tema cerrado"
Durante su intervención en la comisión, el conseller ha explicado que continúan en esta iniciativa, puesto que "no es un tema cerrado, sino que requiere de nuestra atención continuada para que, a medida que vayan dictándose sentencias firmes por corrupción, procedamos en el mismo sentido que hemos actuado hasta ahora".

Por otro lado, el conseller de Transparencia ha comparececido también para explicar el Código de Buen Gobierno, aprobado recientemente mediante decreto del Consell, del que ha destacado que se trata del primero de los cuatro decretos que desarrollarán la Ley de Transparencia porque para el Consell "era prioritario reforzar los vínculos de confianza entre los ciudadanos y las instituciones".

Alcaraz ha explicado que el Código incide en la calidad institucional y el control democrático para conseguir "unas instituciones íntegras y transparentes, en las que además la participación ciudadana tenga un papel destacado".

De este modo, ha subrayado que el Código de Buen Gobierno es una norma "especial" porque combina normas de conducta y principios éticos que buscan más la prevención y la persuasión que la disuasión en quienes lo deben cumplir, además de poner especial énfasis en la responsabilidad política.

Ha incidido en que se trata de un instrumento "vivo y flexible" que, sin perder fuerza jurídica, "puede ser revisado y adaptado en el futuro".

Tras realizar un repaso por la estructura y normas de conducta del Código, el conseller ha añadido que "es obligatorio para los altos cargos de la Administración de la Generalitat y para el sector público", lo que supone que un total de 138 personas están obligadas por este decreto, de los que 90 son altos cargos; 37 con funciones ejecutivas en el sector público instrumental; y 11 con contratos de alta dirección del sector sanitario.

Entre las principales novedades relacionadas con el Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales de Altos Cargos de la Generalitat, el conseller ha resaltado que ahora se deben presentar tres declaraciones: actividades, bienes y derechos patrimoniales y también rentas.

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