La Asociación de víctimas del metro 3 de julio (Avm3j) lamenta, en un comunicado, «la actuación de la jueza Nieves Molina en el tratamiento del accidente. Quizá no se le pueda atribuir un comportamiento negligente, pero tampoco se puede decir que haya sido exhaustivo en busca de la verdad». La Avm3j ha reaccionado así ante la rápida petición de imputación de la jueza a la médico del SAMU que aportó a las Corts un testimonio que contradice los informes policiales y de los bomberos, dados por buenos hasta ahora.

A las víctimas del metro les resulta «curioso» que se achaque un delito a la doctora del SAMU tras su comparecencia en las Corts «sin ni siquiera haberla escuchado antes. Y más curiosa todavía es la celeridad en su respuesta, decidida al día siguiente y comunicada a las partes en sólo cuatro días, actitud contrasta con la lentitud demostrada a lo largo de toda la instrucción». Desde la Avm3j recuerdan que la última prueba solicitada se pidió en marzo de 2015 pero no se incorporó a la causa hasta febrero de 2016. Once meses se tardó, sólo después de que la Avm3j insistiera en que se apercibiera a FGV para que cumpliera con su obligación, y aportara de una vez por todas, la documentación solicitada. Once meses para investigar y 4 días para acusar a una persona, sin ni siquiera haber oído su testimonio». Una declaración que, según denuncia la Avm3j, «tampoco se ha molestado en contrastar. Quizá para no poner en evidencia su actuación» en la instrucción del accidente.

Al respecto, desde la Avm3j recuerdan el testimonio del director del Instituto Medicina Legal (IML) en las Corts, Matías Vicente Mendoza, quien explicó que el día del siniestro «la comitiva judicial, entre la que se encontraba la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, y él mismo, acudieron al lugar del accidente y, tras recibir explicaciones de la Policía Judicial, los dejaron al cargo, y se fueron a comer a un bar de tapas, no fuera cosa, que luego no pudiesen comer».

La asociación de víctimas lamenta que la máxima autoridad con responsabilidad en la investigación del siniestro abandonara el túnel «sin dar ninguna instrucción respecto al conductor, principal testimonio para aclarar las circunstancias del accidente. Sin saber si el maquinista estaba vivo o muerto, ¿no mandó buscarlo y custodiarlo? ¿No tenía interés en interrogarlo? ¿No era relevante el testimonio del conductor? Se ve que, para ella no».

Por el contrario, añaden desde la Avm3j, «dejó que se incinerara el cadáver del maquinista, imposibilitando así que se le realizara alguna prueba que pudiera arrojar algo de luz sobre su estado físico. No buscó su historial médico. Permitió que se destruyera el tren siniestrado y la única prueba que quedaba del accidente». También recuerdan que «la caja negra de uno de los trenes fue borrada intencionadamente por Luis Domingo Alepuz, y la jueza no se lo recriminó. El libro de averías nunca apareció, ni la jueza lo buscó».

Por eso, recuerdan que aún «hay muchas incógnitas que rodean todo lo relacionado con el accidente, por eso queremos que se investiguen cualquier circunstancia, por interesar a nuestro constitucional derecho de defensa. Un derecho que la jueza nos niega».