21 de junio de 2016
21.06.2016
Accidente del metro

La jueza retrasa citar a exdirectivos de FGV pero imputa en un día a la médica del SAMU

Las víctimas del metro critican su doble vara de medir y que haya consentido la pérdida de pruebas

28.06.2016 | 14:38
La jueza retrasa citar a exdirectivos de FGV pero imputa en un día a la médica del SAMU

La jueza del metro, Nieves Molina, tiene sobre su mesa desde el 17 de marzo la petición de las acusaciones en la causa para que cita como investigados a seis exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). Aún no ha tomado una decisión, a pesar de que apenas quedan trece días para que prescriban los posibles delitos que se les podrían imputar, como le recordaron la víctimas del metro en un escrito presentado el 6 de junio.

Una parsimonia judicial que contrasta con la rapidez con la que ha decidido actuar contra la doctora del SAMU, Carolina Ligorit, que atendió a los heridos tras el accidente del 3 de julio y que declaró en las Corts que vio en la cabina del tren los cuerpos del maquinista y la revisora. Una revelación que contradice todos los informes aportados hasta ahora a la causa que investiga el accidente del metro, aunque la médica desconocía el contenido de estas periciales. Las víctimas del metro solicitaron el 15 de junio que se citara a declarar como testigos a la doctora y al forense Manuel Velázquez, que también puso en duda en las Corts el operativo del levantamiento de los cadáveres. El escrito llegó al juzgado el 16 de junio. Apenas un día después, el 17 de junio, la titular del Juzgado de Instrucción 21, Nieves Molina, dictó un auto (notificado ayer a las partes) en el que rechaza citar a ambos doctores a declarar. Y decide deducir testimonio a la doctora del SAMU para que sea citada a declarar como imputada (ahora investigada) por un presunto delito contra las instituciones del Estado. Una citación que la jueza justifica en el hecho de que «no existe la más mínima duda del lugar donde aparecieron los cadáveres del maquinista y la interventora tras el accidente». Para la magistrada, «cuestionar sin base objetiva los informes técnico policiales (a cuyos intervinientes se les está atribuyendo la comisión de un delito de falsedad documental) puede suponer una falta de responsabilidad y respeto, si tenemos en cuenta el duro, agotador y penoso trabajo que llevaron a cabo los agentes de la policía el día del siniestro y días  posteriores, quehacer que también desempeñaron afanosamente los componentes del Cuerpo de Bomberos».

Un trabajo que la jueza Nieves Molina ni presenció, ni supervisó porque, según reveló en las Corts el director del Instituto de Medicina Legal (IML) en 2006, Matías Vicente Mendoza, «cuando llegamos [la comisión judicial] allí, todavía no se había terminado el operativo sanitario. Y, entonces, nosotros nos retiramos€ De hecho, bueno, fuimos a tomar algo€ No sé la hora exactamente, pero serían alrededor de las dos de la tarde, una cosa así, y fuimos a un bar de tapas en la calle Jerónimo Muñoz y comimos algo, por si acaso, por si acaso teníamos que luego, después€ No nos diera tiempo a comer; y comimos unas tapas en un bar de Jerónimo Muñoz la comisión judicial al completo».

Pérdida de pruebas
Tras este ágape, el forense explicó que «fuimos al lugar del hecho. Entramos por la entrada del metro y bajamos. En el túnel, subimos a un vagón; la policía judicial, que ya estaba allí, le dio las explicaciones correspondientes a la juez, que era la directora del operativo judicial. Y, una vez allí€ Nos retiramos». El director del IML añadió después que fue a él, sin presencia de la jueza, a quien comunicaron los policías que se encargarían del levantamiento de las 41 víctimas y de identificarlas.

Este detalle, desvelado en la segunda comisión de investigación de las Corts, fue recordado ayer por la Asociación de víctimas del metro 3 de julio (Avm3j) en un comunicado en el que denuncian «la actuación de la jueza Nieves Molina en el tratamiento del accidente. Quizá no se le pueda atribuir un comportamiento negligente, pero tampoco se puede decir que haya sido exhaustivo en busca de la verdad».

La Avm3j lamenta que la magistrada cite a la doctora sin escucharla y que«ni se haya preocupado en preservar las pruebas judiciales. Su actuación como instructora no garantiza que no quede ningún resquicio de duda respecto a las causas del accidente y las responsabilidades». De hecho, recuerdan que el día del siniestro abandonó la estación de Jesús «sin dar ninguna instrucción respecto al conductor, principal testimonio para aclarar las circunstancias del accidente; sin saber si el maquinista estaba vivo o muerto, ¿no mandó buscarlo y custodiarlo?, ¿no tenía interés en interrogarlo? ¿no era relevante el testimonio del conductor? No demostró ningún interés en las circunstancias que rodeaban el accidente», lamentan.

También le afean que consintiera la incineración del cuerpo del maquinista, «que no buscara su historial médico y que permitiera la destrucción del tren siniestrado, la única prueba del accidente». Además de consentir que el directivo de FGV, Luis Domingo Alepuz, borrara los datos de la caja negra del primer tren implicado «y la jueza ni siquiera se lo ha recriminado. El libro de averías también desapareció y la jueza ni lo buscó».

Las víctimas sí que dudan que el cuerpo del maquinista saliera por el hueco de la ventana lateral de la cabina, tal como sostiene la jueza en su auto. «La ventana de la cabina tiene un diseño de dos cristales uno deslizante, de 76,5 cm de ancho y cada hueco de ventana es de 38 cm. Por ahí no cabe un cuerpo», señalan. Por eso piden «que se investigue esta circunstancia, por interesar a nuestro derecho de defensa que la jueza nos niega».

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